El gobierno de Venezuela fue acusado este martes por la ONU de uso de 'fuerza excesiva' en las protestas opositoras, aumentando su aislamiento internacional tras la instalación de una polémica Asamblea Constituyente que profundizó la crisis.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, denunció el 'uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes' e incluso 'torturas'.
El secretario general del organismo, Antonio Guterres, dijo de su lado estar preocupado de que Venezuela se esté distanciando de la paz.
Maduro también se enfrenta a una posible condena de 17 países de América, cuyos cancilleres evalúan en Lima la crisis, tres días después de que el Mercosur (Mercado Común del Sur) suspendiera a Venezuela alegando una 'ruptura del orden democrático'.
Mientras el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, advirtió el lunes que 'no descarta' romper relaciones con Venezuela.
La Constituyente se instaló en medio de denuncias de fraude y sin el reconocimiento de Estados Unidos, la Unión Europea, una decena de países latinoamericanos, la OEA y el Mercosur.
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De inmediato, el gobierno de Donald Trump impuso sanciones financieras y jurídicas a Maduro y 13 de sus funcionarios y excolaboradores, y amenaza con medidas más drásticas.
'El cerco internacional (...) es necesario para que en Venezuela haya un cambio político', dijo Luis Florido, jefe de la comisión de política exterior del Parlamento de mayoría opositora.