California, Estados Unidos. Una jueza federal ordenó este miércoles a los agentes de inmigración a no realizar arrestos sin una orden judicial, a menos que determinen previamente que existe una probabilidad de que la persona escape antes de que se pueda obtener dicha orden.
La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong del Tribunal de Distrito para el Centro de California emitió la medida cautelar para las detenciones en la zona metropolitana de Los Ángeles.
Frimpong también certificó una demanda colectiva que busca representar a las personas que, desde el 6 de junio de 2025, han sido o serán arrestadas por presuntas infracciones migratorias, sin orden judicial y sin una evaluación individualizada del riesgo de fuga.
"Este fallo es una de las decisiones más importantes hasta la fecha en los esfuerzos de la comunidad por poner fin a la práctica cruel e ilegal del gobierno federal de secuestrar personas y separarlas de sus familias", afirmó en un comunicado Mayra Joachin, abogada principal de la Unión Americana de Libertades Civiles del sur de California.
La abogada destacó que la orden judicial “debería poner fin” a cientos de arrestos ilegales que continúan ocurriendo en todo el sur de California.
“Supervisaremos de cerca el cumplimiento de esta orden judicial y esperamos que el gobierno federal la acate", añadió.
La demanda presentada en junio del año pasado alega que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha “secuestrado y desaparecido” a miembros de la comunidad mediante prácticas ilegales de detención y arresto, basados en su color de piel.
En este sentido, Michel Wilfong, abogada de la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), dijo que la Administración del presidente Donald Trump descartó la ley federal para lograr su objetivo de deportación masiva a cualquier precio.
Los demandantes iniciales, cinco trabajadores detenidos y cuatro organizaciones —La Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y el Centro Legal de Defensores de los Inmigrantes—, argumentan que el Gobierno Trump ha arrestado y detenido “inconstitucionalmente” a personas para cumplir con una cuota “arbitraria” de arrestos.
Según la ley federal, los agentes de inmigración solo pueden realizar un arresto civil por motivos migratorios sin orden judicial cuando tienen causa probable para creer tanto que una persona es indocumentada como que es probable que huya antes de que se pueda obtener una orden.
Las pruebas del caso mostraron que casi el 80 % de una muestra de 113 registros de arresto presentados por los agentes migratorios carecía de una evaluación individual del riesgo de fuga o se basaba principalmente en lenguaje genérico.
Bajo juramento, las autoridades migratorias aseguraron que no arrestan a personas sin evaluar previamente ese riesgo. Sin embargo, los agentes suelen omitir preguntas a los detenidos sobre empleo, familia, vivienda y otros vínculos con la comunidad que reducen la posibilidad de fuga, según los demandantes.
