Un juez federal estadounidense bloqueó este lunes la política del Gobierno de Donald Trump que impone una tarifa de 100.000 dólares a las nuevas visas H-1B para trabajadores extranjeros altamente cualificados, tras considerar que el cobro es ilegal.
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo en septiembre pasado, cuando se anunció la medida, que la imposición del cobro buscaba que las grandes empresas tecnológicas y otras grandes compañías "dejen de capacitar" a trabajadores extranjeros y favorezcan a los estadounidenses.
Pero, este lunes, el juez Leo Sorokin falló a favor de un grupo de 20 estados que impugnaron la nueva tarifa afirmando que la Administración Trump “se extralimitó” en sus facultades al imponer el cobro sin autorización del Congreso.
Las visas H-1B fueron establecidas por el Congreso de EE.UU. Actualmente existe un límite de 65.000 de estas visas al año y 20.000 adicionales reservadas para beneficiarios extranjeros con un título de maestría estadounidense o superior.
En el fallo de 42 páginas, el magistrado de un tribunal de Boston catalogó el cobro de 100.00 dólares como un impuesto.
El estado de California, base de la mayoría de tecnológicas en el país, encabezó la demanda contra la nueva tarifa.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) había encendido las alarmas sobre el cobro que, según su opinión, no solo impactará a los trabajadores del sector tecnológico, sino también a industrias como la agrícola, la de energía renovable y la médica, entre otras.
Shev Dalal-Dheini, directora de Relaciones Gubernamentales de AILA, criticó la medida presentada por Lutnick que, en su opinión, fue diseñada "para crear el mayor caos posible".
Los abogados expresaron frustración por la poca información que la Casa Blanca había dado sobre el cobro que afecta solo a los nuevos peticionarios y sobre quiénes podrían estar exentos.
