Ahora que Honduras ha normalizado sus relaciones con varios países amigos, un nuevo reto se suma a las tareas de la Secretaría de Relaciones Exteriores: lograr la ampliación del Estatus de Protección Temporal, TPS.
Porfirio Lobo Sosa y su gabinete se enfrentan esta semana a lo que algunos consideran su segunda prueba de fuego en política exterior.
El canciller Mario Canahuati confirmó el viernes anterior que esta semana se formularía la petición al Gobierno estadounidense para que amplíe el TPS, que beneficia a unos 75 mil hondureños residentes en ese país.
Éste sería el segundo gran reto que debe sortear el gobierno de Lobo Sosa en los primeros doce días de su gobierno. En esta semana y media de gestión se dedicó a normalizar las relaciones diplomáticas con países amigos.
Para hacer esta solicitud, el Gobierno ha elaborado un documento de justificación, en el que de manera general se plantea que el país no tendría capacidad de atender, ni con empleo ni otros beneficios, a esos 75 mil connacionales en caso de que no se amplíe el TPS.
Argumentos de ampliación
Una de las justificaciones que se plantearán es el efecto negativo que tuvo la crisis política en la economía y en la cooperación financiera internacional al frenar los índices de desarrollo que el país había mantenido en años anteriores.
David Hernández, director de Asuntos Consulares de la Cancillería, estimó que Estados Unidos podría anunciar su decisión entre abril y mayo.
Estados Unidos siempre otorga un periodo de dos meses antes del vencimiento de la ampliación para que los beneficiados se reinscriban y tramiten su permiso laboral y de residencia temporal.
Si se otorga esta ampliación, sería la novena consecutiva.
El TPS se concedió por primera vez en 1998 luego de que el huracán Mitch destrozara al país. En ese entonces se beneficiaron unos cien mil compatriotas.
Jorge Rivera, líder de la comunidad hondureña en Dallas, Texas, estimó pertinente la mayor presencia de las autoridades hondureñas en territorio estadounidense.
Para este líder es importante el trabajo de lobby que se puede hacer entre congresistas y senadores.
