La documentación de nuevos bloqueos y ataques armados de policías y criminales en el estado mexicano de Guerrero evidencian una mayor área de violencia el 26 de septiembre de 2014 y el interés por no dejar salir de la zona a 43 jóvenes que desaparecieron ese día, dijeron hoy expertos que estudian el caso.
'Esta mayor amplitud del territorio donde se dieron hechos de violencia y la movilización de policías y grupos armados del crimen organizado muestra una acción más amplia de lo que inicialmente se pudo investigar', consideró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su segundo informe.
El grupo presentó hoy las conclusiones a su segundo y último mandato, que culmina este mes de abril y que no será prorrogado por decisión del Gobierno, y en él destacó que además de ampliarse el 'radio de acción' de los actos violentos, se alargaron más horas.
'Los ataques se dieron al menos hasta las 02.00 hora local (del 27 de septiembre), considerando el ataque de Mezcala, en un territorio que se extendió al menos 80 kilómetros en línea por la carretera Iguala-Chilpancingo', explicó el GIEI. Así, se pretendió 'extender el control de la movilidad' en esta vialidad con varios bloqueos carreteros.
El bloqueo en la carretera en Mezcala con dos camiones y varios vehículos duró aproximadamente dos horas y es de los más significativos, pues el evento, que si bien aparece en el expediente oficial apenas se ha investigado, se zanjó con el ataque a dos vehículos y con dos personas heridas por arma de fuego.
'Dicho ataque habría sido llevado a cabo por parte de un numeroso grupo de hombres armados, aparentemente miembros del crimen organizado, con armas de gran potencia', señaló el documento.
Identificados
Además, la Policía del municipio de Huitzuco efectuó 'sin ningún motivo declarado' un retén en la localidad cercana de Pololcingo en 'las horas clave de la noche'.
Al menos siete agentes de la Policía Federal (PF) estuvieron en acción aquella noche. Así lo indican documentos internos de la PF, donde se nombra al suboficial jefe de la base de la Policía en Iguala, Luis Antonio Dorantes Macías, y al subinspector José Carlos Hernández Romero.
Después de los hechos, Colmenares y Pérez Arizpe fueron rápidamente transferidos a otras bases de la PF, en lugar de ser sometidos a investigación, según reveló Univisión.
