José Eliezer Martínez Andino, un joven hondureño residente en Raleigh, permanece bajo custodia de la Patrulla Fronteriza en Texas después de haber sido deportado a Honduras en abril, pese a contar con el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS) y acción diferida.
El hondureño regresó a Estados Unidos el 5 de agosto por orden de un juez, pero su situación migratoria continúa sin resolverse.
Martínez Andino fue expulsado del país el 10 de abril, luego de permanecer detenido en varios centros de inmigración. Sus abogados sostienen que durante ese periodo fue presionado para firmar documentos mediante los cuales aceptaba su salida voluntaria, aunque posteriormente intentó retirar ese consentimiento, informó Univisión.
El joven había sido detenido el 18 de marzo en Montana, durante una parada vehicular. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el vehículo en el que viajaba circulaba con una placa falsificada. La agencia señaló además que Martínez-Andino había ingresado de manera irregular a Estados Unidos en septiembre de 2020 y que aceptó la deportación voluntaria antes de ser trasladado a Honduras.
Sin embargo, su defensa sostiene que las autoridades omitieron considerar que el hondureño contaba con acción diferida y con el SIJS, un beneficio migratorio destinado a determinados menores y jóvenes que han sufrido abuso, abandono o negligencia parental y que puede abrirles posteriormente la posibilidad de solicitar la residencia permanente.
La historia migratoria de Martínez-Andino comenzó cuando tenía 14 años, en 2020, al ingresar a Estados Unidos por la frontera sur. Tres años después, un juez le concedió el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil. De acuerdo con sus abogados, el joven se encontraba a pocos meses de poder avanzar hacia una solicitud de residencia.
Tras su detención en Montana, fue trasladado entre centros de inmigración de ese estado y Arizona. Su equipo legal afirma que durante ese periodo las autoridades le hicieron creer que permanecería encarcelado durante un tiempo prolongado si intentaba impugnar su situación migratoria.
«Aunque José tuvo acción diferida, el gobierno no mencionó esto durante su detención. Básicamente, el gobierno le hizo creer a nuestro cliente que no tenía derecho a pelear su caso», explicó el abogado Derrick J. Hensley, quien participa en su defensa. Según el representante legal, el temor y la presión que experimentó llevaron al joven a firmar los documentos.
Martínez-Andino fue trasladado en avión a Honduras el 10 de abril y enviado a su ciudad natal, Tela, en el departamento de Atlántida. No obstante, su situación dio un nuevo giro meses después, cuando un juez ordenó su retorno a Estados Unidos.
El 5 de agosto, el joven volvió a territorio estadounidense, pero en lugar de quedar en libertad fue puesto bajo custodia de la Patrulla Fronteriza en Texas. La propia CBP confirmó que Martínez-Andino había regresado al país por orden judicial y que permanecía bajo custodia federal.
«El 5 de agosto, Martínez-Andino fue devuelto a Estados Unidos por orden judicial y actualmente se encuentra bajo custodia de la Patrulla Fronteriza», señaló un portavoz de la agencia.
Tras su regreso, el hondureño recibió una nueva notificación para comparecer ante un tribunal de inmigración. Su defensa considera que esta vez cuenta con mejores condiciones para presentar sus argumentos y cuestionar cualquier intento de deportación.
«El gobierno empezó un nuevo caso de deportación en la corte. Ahora el proceso está funcionando mejor, porque él tiene derecho a pelear en corte antes de una deportación», explicó la abogada Ayla Blumenthal.
Los abogados buscan ahora conseguir su liberación y tienen previsto solicitar una audiencia de fianza. Si esa vía no prospera, contemplan presentar un recurso de hábeas corpus para impugnar su detención.
Blumenthal también señaló que, una vez que Martínez-Andino se encuentre fuera de custodia y dependiendo de cómo avance su proceso, podría intentar ajustar su estatus migratorio con base en la aprobación de su petición I-360 y las protecciones asociadas al SIJS.
El caso ha generado atención debido a las contradicciones entre la versión de las autoridades y los argumentos de la defensa sobre las circunstancias en que el joven aceptó su salida del país. Además, guarda similitudes con el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, cuya deportación en marzo de 2025 fue reconocida por el Gobierno estadounidense como resultado de un error administrativo, pese a que existía una orden judicial que impedía su traslado a El Salvador.
