El caso de Elder Marín Chávez Carranza, de 18 años, ha cobrado relevancia en el debate sobre los controles migratorios en Estados Unidos.
El joven, originario de Honduras, contaba con un permiso legal para permanecer en ese país bajo una visa especial destinada a menores en situación de vulnerabilidad; sin embargo, permanece detenido desde finales de 2025.
El hecho que derivó en su arresto ocurrió el 30 de diciembre en Auburn, Alabama, cuando fue interceptado por la policía local por conducir a 50 millas por hora (80 km/h) en una zona con límite de 45 (72 km/h).
“Le dije al policía que tenía un estatus legal y que tenía los papeles en el carro. Realmente no le importó y me llevó”, relató el joven en una llamada telefónica con Univision.
Tras el control, Chávez Carranza fue puesto a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Desde entonces, permanece bajo custodia en un centro de detención en el estado de Luisiana.
El joven fue trasladado al Centro Correccional Winn, donde, hasta el 30 de abril de este año, acumulaba cuatro meses de detención. Este centro opera bajo acuerdos con autoridades migratorias federales.
Antes de su arresto, el hondureño cursaba el undécimo grado en una escuela secundaria de Alabama, donde combinaba sus estudios con formación técnica, con interés en la soldadura.
“No están respetando nada. Yo tenía un estatus legal y ni eso me respetaron”, reiteró.
El estatus migratorio del joven corresponde a la Visa de Inmigrante Juvenil Especial (SIJS, por sus siglas en inglés), un programa dirigido a menores que han sido víctimas de abandono, abuso o negligencia, y que reciben protección mediante decisiones judiciales en Estados Unidos.
De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), para acceder a esta categoría es necesario que un tribunal determine que el menor no puede reunificarse con uno o ambos padres y que no es conveniente su regreso al país de origen. Además, el solicitante debe residir en territorio estadounidense y cumplir con requisitos de edad y estado civil.
La SIJS no solo habilita la permanencia legal, sino que también abre la posibilidad de solicitar la residencia permanente. En el caso de Chávez Carranza, su audiencia final estaba prevista para junio.
El caso del joven hondureño se suma a otros en los que beneficiarios de programas como DACA o TPS han sido detenidos en circunstancias similares.
Desde su ingreso al centro, el joven permanece a la espera de una resolución sobre su situación migratoria. “Hay de todos lugares. Mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, venezolanos... hasta personas de Europa e Inglaterra”, comentó.
Mientras tanto, su rutina educativa fue sustituida por dinámicas propias del sistema de detención. Su proceso legal continúa en curso. “Lo único que toca es aguantar. Porque si uno no le echa ganas, no va a haber futuro para uno”, concluyó.
