Managua.
El Gobierno de Nicaragua y una oposición extraparlamentaria acordaron “ fortalecer” los derechos y las garantías ciudadanas, en el marco de la mesa de negociación con la que buscan superar la crisis que estalló hace casi un año.
Las partes aprobaron un acuerdo de 18 puntos en el que instan a las autoridades a tomar las medidas para asegurar el desarme de los grupos armados fuera del orden constitucional y legal, y el retorno de los nicaragüenses que se marcharon por la crisis.
Además, instaron a detener las actuaciones violentas o agresivas de cualquier persona o autoridad, y a la Policía Nacional que ajuste sus normas de actuación y que el decomiso o intervención de dispositivos electrónicos “solo puede hacerse con la debida orden judicial”.
Las partes instan al cumplimiento del debido proceso, que todo detenido tiene que ser puesto en libertad o a la orden de la autoridad competente dentro del plazo de 48 horas posteriores a su detención, y que los domicilios solo pueden ser allanados por orden escrita de un juez entre las 6.00 y 18.00.
En el caso de los nicaragüenses que están en el exterior “podrán regresar a su país con plenas garantías y seguridad personal y familiar”, y gozar de los beneficios que las leyes le otorgan.
Las partes acordaron garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, que había prohibido la Policía Nacional desde septiembre pasado.
La mesa de negociación indicó que “cumplidos los requisitos establecidos por la Ley de la materia, la Policía Nacional autorizará el ejercicio de este derecho”.
Asimismo, se reconoce que no requiere permiso previo el derecho de reunión pacífica que no afecte la libre circulación de personas y vehículos, y no altere la normal convivencia.
También se reconoce el derecho a la utilización de la bandera de Nicaragua, símbolo de las protestas para la oposición.
Además, acordaron revisar la ilegalización de por lo menos nueve organismos no gubernamentales, incluyendo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a fin de lograr la restitución de sus personalidades jurídicas y la devolución de sus bienes.
Sobre la libertad de expresión, las partes acordaron que el Estado garantizará el irrestricto derecho a la libertad de expresión y que el derecho a informar no puede estar sujeto a censura, ni los medios podrán ser objeto de censura previa, ni uso de mecanismos que puedan limitar el derecho a la información veraz y oportuna.
El Estado debe garantizar el derecho a la importación de papel y materia prima pertenecientes a los medios de comunicación afectados en el marco de la crisis, a fin de lograr la devolución de esos bienes.
Al menos cuatro personas fueron detenidas este sábado por policías antimotines de Nicaragua cuando decenas de opositores se disponían a protestar en una avenida de Managua, un día después de que el gobierno se comprometiera respetar el derecho ciudadano a la manifestación.
“Condenamos enérgicamente la flagrante violación a los derechos de las personas que se habían reunido pacíficamente” a protestar, denunció en Twitter la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que negocia con el gobierno para buscar una salida a la crisis.
El Gobierno de Nicaragua y una oposición extraparlamentaria acordaron “ fortalecer” los derechos y las garantías ciudadanas, en el marco de la mesa de negociación con la que buscan superar la crisis que estalló hace casi un año.
Las partes aprobaron un acuerdo de 18 puntos en el que instan a las autoridades a tomar las medidas para asegurar el desarme de los grupos armados fuera del orden constitucional y legal, y el retorno de los nicaragüenses que se marcharon por la crisis.
Además, instaron a detener las actuaciones violentas o agresivas de cualquier persona o autoridad, y a la Policía Nacional que ajuste sus normas de actuación y que el decomiso o intervención de dispositivos electrónicos “solo puede hacerse con la debida orden judicial”.
Las partes instan al cumplimiento del debido proceso, que todo detenido tiene que ser puesto en libertad o a la orden de la autoridad competente dentro del plazo de 48 horas posteriores a su detención, y que los domicilios solo pueden ser allanados por orden escrita de un juez entre las 6.00 y 18.00.
En el caso de los nicaragüenses que están en el exterior “podrán regresar a su país con plenas garantías y seguridad personal y familiar”, y gozar de los beneficios que las leyes le otorgan.
Las partes acordaron garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, que había prohibido la Policía Nacional desde septiembre pasado.
La mesa de negociación indicó que “cumplidos los requisitos establecidos por la Ley de la materia, la Policía Nacional autorizará el ejercicio de este derecho”.
Asimismo, se reconoce que no requiere permiso previo el derecho de reunión pacífica que no afecte la libre circulación de personas y vehículos, y no altere la normal convivencia.
También se reconoce el derecho a la utilización de la bandera de Nicaragua, símbolo de las protestas para la oposición.
Además, acordaron revisar la ilegalización de por lo menos nueve organismos no gubernamentales, incluyendo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a fin de lograr la restitución de sus personalidades jurídicas y la devolución de sus bienes.
Sobre la libertad de expresión, las partes acordaron que el Estado garantizará el irrestricto derecho a la libertad de expresión y que el derecho a informar no puede estar sujeto a censura, ni los medios podrán ser objeto de censura previa, ni uso de mecanismos que puedan limitar el derecho a la información veraz y oportuna.
El Estado debe garantizar el derecho a la importación de papel y materia prima pertenecientes a los medios de comunicación afectados en el marco de la crisis, a fin de lograr la devolución de esos bienes.
Al menos cuatro personas fueron detenidas este sábado por policías antimotines de Nicaragua cuando decenas de opositores se disponían a protestar en una avenida de Managua, un día después de que el gobierno se comprometiera respetar el derecho ciudadano a la manifestación.
“Condenamos enérgicamente la flagrante violación a los derechos de las personas que se habían reunido pacíficamente” a protestar, denunció en Twitter la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que negocia con el gobierno para buscar una salida a la crisis.
