La denominada Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua (UPPN) demandó ayer al Gobierno nicaragüense liberar a más tardar el 19 de abril a todos los detenidos por protestar contra el presidente Daniel Ortega.
En un comunicado, la UPPN fijó el 19 de abril como fecha máxima para la “liberación absoluta de todos los reos políticos” que se encuentran en las listas del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (Cpdh), que oscila entre 647 y 779.
Ese grupo, integrado por excarcelados y familiares de los detenidos, demandó la liberación incluso de aquellos que se encuentran recluidos en “cárceles clandestinas en el que el Gobierno tiene secuestrados a los desaparecidos”, sin ofrecer más detalles.
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En las protestas se exige la renuncia del presidente Ortega tras casi 12 años en el poder de forma consecutiva. Esta situación ha causado 325 muertos y cientos de presos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque algunos organismos humanitarios locales elevan a 561 las víctimas mortales.
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En ese escenario, la UPPN sugirió utilizar las más variadas versiones de protesta, “y a plantarnos afuera de los establecimientos de tortura y secuestro por tiempo indefinido hasta que salga el último de los hermanos de lucha recluidos”.
A la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es la contraparte del Gobierno en la mesa de negociación con la que esperan superar la crisis que estalló hace casi un año, lo instan a tomar una postura más firme y beligerante y no seguir negociando ningún punto más, hasta que no estén liberados todos los manifestantes.
Asimismo, exhortaron al Gobierno y a la Alianza Cívica “a no seguir jugando con el dolor, ni con la tolerancia del pueblo” y recurrir “a falsos juegos de legalidades jurídicas” para retrasar la liberación de los detenidos.
La mesa de negociación que mantiene el Gobierno con la Alianza Cívica invitó hace dos semanas al CICR a apoyar la liberación de los manifestantes.
La Secretaría General OEA y el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw, serán los garantes de la liberación de los manifestantes detenidos por protestar contra el Gobierno, según convinieron las partes.