El Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) solicitó este miércoles a múltiples departamentos del alguacil en California, incluidos Los Ángeles y San Francisco, la lista de todos los reclusos en sus cárceles que no sean ciudadanos estadounidenses.
Entre la información requerida, el gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, quiere que se compartan los delitos por los que los inmigrantes fueron arrestados o condenados y sus fechas de liberación programadas.
El departamento, encabezado por la fiscal general, Pam Bondi, dijo en un comunicado que las solicitudes de datos de hoy tienen como objetivo ayudar a las autoridades de inmigración a "priorizar" la deportación de indocumentados que cometieron delitos tras ingresar de forma irregular a Estados Unidos.
"Si bien todo indocumentado, por definición, viola la ley federal, quienes cometen delitos posteriormente demuestran que representan un riesgo mayor para la seguridad nacional", subrayó el DOJ en un comunicado.
En este sentido, Bondi dijo que espera "cooperar" con los alguaciles de los condados de California para cumplir con la responsabilidad compartida de mantener la seguridad.
El pedido se suma a la batalla de la Administración Trump contra California y sus leyes estatales y locales de santuario de inmigrantes, con recortes de presupuesto y redadas migratorias que han azotado la región metropolitana de Los Ángeles, desde el pasado 6 junio.
La Casa Blanca ha sostenido en varias oportunidades que los esfuerzos están dirigidos a detener inmigrantes con récord criminal. Sin embargo, los datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) muestran que el 68% de las 2.031 personas detenidas del 1 al 26 de junio en el área metropolitana de Los Ángeles no tenía antecedentes penales y el 57 % nunca había sido acusado de ningún delito.
El DOJ ya ha demandado a la ciudad de Los Ángeles por su política santuario, que impide que se usen recursos propios para la aplicación de las leyes migratorias.
Bondi dijo que espera que los departamentos encargados de administrar las cárceles de California proporcionen voluntariamente la información solicitada o enfrentarán sanciones legales.
