Un juez federal en Boston, Estados Unidos, decidió cerrar el caso legal presentado por una estudiante universitaria hondureña que fue deportada, luego de considerar que la joven perdió la base legal que permitía al tribunal continuar con el proceso.
La estudiante Lucía López Belloza, de 20 años y alumna de primer año en Babson College, optó por no abordar el vuelo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) había organizado para traerla nuevamente al país el 27 de febrero.
Según explicó, tomó esa decisión después de que autoridades migratorias advirtieran que podrían intentar deportarla nuevamente al llegar.
López Belloza llegó a Estados Unidos desde Honduras cuando tenía ocho años. Posteriormente se conoció que existía una orden final de deportación emitida cuando ella tenía 11 años, situación que, según la estudiante, desconocía.
El caso se originó en noviembre pasado, cuando agentes de inmigración la detuvieron en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. La joven se dirigía a Texas para pasar el Día de Acción de Gracias con su familia.
Su equipo legal presentó una demanda ante el juez federal Richard Stearns, solicitando revisar la legalidad de su detención. Sin embargo, el magistrado determinó que no tenía jurisdicción sobre el caso porque la estudiante ya había sido trasladada por autoridades migratorias a Texas cuando se presentó la acción judicial el 21 de noviembre.
Posteriormente, otro juez emitió una orden que prohibía su expulsión de Massachusetts durante 72 horas, pero las autoridades migratorias la trasladaron desde Texas hacia Honduras al día siguiente, lo que generó controversia dentro del proceso.
Durante las audiencias, un abogado del gobierno reconoció ante el tribunal que un agente de ICE cometió un “error” administrativo, al no comunicar adecuadamente a otras autoridades la existencia de la orden judicial que impedía su deportación temporal.
Ante esa situación, el 13 de febrero, Stearns instruyó al gobierno a facilitar el regreso de la estudiante a Estados Unidos para corregir la irregularidad. Como respuesta, las autoridades le ofrecieron el vuelo que finalmente rechazó.
Según la joven, regresar en esas condiciones significaba enfrentar nuevamente el riesgo de deportación inmediata o permanecer bajo custodia migratoria, por lo que decidió quedarse en Honduras y calificó la situación como una “pesadilla”.
En su resolución final, el juez señaló que la negativa a tomar el vuelo dejó al tribunal sin base legal para seguir con el caso.
“La triste verdad es que al rechazar el vuelo también renunció a la única base restante de jurisdicción de este tribunal”, indicó Stearns en su fallo.
El abogado de la estudiante, Todd Pomerleau, informó que planea presentar una apelación para intentar reactivar el proceso judicial.
