Redacción.
Mientras el presidente de EEUU, Donald Trump, amezana con quitar fondos a las 'ciudades santuario' en medio del coronavirus, por negarse a colaborar con las autoridades federales para deportar a indocumentados, algunos estados han dicho presente para no desamparar a los inmigrantes que son de los más afectados en la crisis por la pandemia.
Desde que llegó al poder en 2017, Trump ha emprendido una cruzada contra las jurisdicciones 'santuario', unas 200 ciudades y condados de EEUU que no destinan recursos a perseguir a inmigrantes y se niegan a informar a las autoridades federales del estatus migratorio de las personas detenidas, sin embargo, estas se han negado y han desafiado a Trump a favor de indocumentados.
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EEUU, epicentro del coronavirus en el mundo, se ha mantenido en los últimos días como el foco rojo de la enfermedad a nivel mundial, con más de 1,2 millones de contagios y 75,000 muertos. La crisis ha provocado que la administración de Trump libere paquetes de ayuda por el coronavirus, sin embargo, los inmigrantes no han sido incluidos en ese beneficio.
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Los indocumentados tienen miedo de ser detenidos y deportados, de recibir una exorbitante factura que no pueden pagar o de convertirse en una 'carga pública' para el Estado que les impida legalizar su estatus migratorio en el futuro.
Mientras el presidente de EEUU, Donald Trump, amezana con quitar fondos a las 'ciudades santuario' en medio del coronavirus, por negarse a colaborar con las autoridades federales para deportar a indocumentados, algunos estados han dicho presente para no desamparar a los inmigrantes que son de los más afectados en la crisis por la pandemia.
Desde que llegó al poder en 2017, Trump ha emprendido una cruzada contra las jurisdicciones 'santuario', unas 200 ciudades y condados de EEUU que no destinan recursos a perseguir a inmigrantes y se niegan a informar a las autoridades federales del estatus migratorio de las personas detenidas, sin embargo, estas se han negado y han desafiado a Trump a favor de indocumentados.
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EEUU, epicentro del coronavirus en el mundo, se ha mantenido en los últimos días como el foco rojo de la enfermedad a nivel mundial, con más de 1,2 millones de contagios y 75,000 muertos. La crisis ha provocado que la administración de Trump libere paquetes de ayuda por el coronavirus, sin embargo, los inmigrantes no han sido incluidos en ese beneficio.
AYUDA A LOS INDOCUMENTADOS
Para los 11 millones de hispanos indocumentados en el país la situación es especialmente dura. Muchos son trabajadores esenciales y están más expuestos al contagio. Solo el 16% puede trabajar desde casa, según el departamento de Trabajo.Tienen además un alto porcentaje de enfermedades crónicas sin atender como asma, diabetes e hipertensión, y a veces viven hacinados en pequeños apartamentos, lo cual también explica su mayor mortalidad.
Personas necesitadas hacen fila en NY para recibir ayuda por crisis de coronavirus. Foto: AFP
No tienen seguro médico, muchos no hablan inglés y tienen un bajo nivel educativo, lo cual les dificulta obtener información.
Tampoco reciben seguro de desempleo o el bono de 1,200 dólares que el gobierno federal aprobó para paliar la crisis, aunque paguen impuestos y vivan hace décadas aquí.
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Algunos estados intentan ayudarlos: California otorgará a 150,000 indocumentados un pago único de 500 dólares, y Nueva York -gracias a una donación de la fundación Open Society de George Soros- pagará 400 dólares a otros 20,000. Pero esto no alcanza para los más de 2,5 millones de indocumentados de ambos estados.
ICE SIN ARRESTOS EN HOSPITALES
Aunque la policía migratoria (ICE) asegura que no está haciendo arrestos en hospitales salvo excepciones, 'definitivamente existe ese miedo', dijo a la AFP Jae Young Kim, de la asociación Legal Services, que otorga asesoría legal gratuita a inmigrantes en el Bronx.LEA MÀS: EEUU: Estados que desafían el coronavirus y reabren pese a alerta de duplicarse los muertos
Los indocumentados tienen miedo de ser detenidos y deportados, de recibir una exorbitante factura que no pueden pagar o de convertirse en una 'carga pública' para el Estado que les impida legalizar su estatus migratorio en el futuro.
