El Gobierno de Costa Rica cancelará los beneficios diplomáticos, específicamente la exoneración de impuestos, a los vehículos de la embajada de Nicaragua en San José, tras comprobarse un mal uso de los mismos, informó ayer la prensa local, que cita al ministerio de Hacienda.
La ministra de Hacienda, Jenny Phillips, confirmó que una investigación realizada por la cancillería concluyó que los tres automóviles con los que dispone la embajada han sido utilizados no sólo por el personal de la legación diplomática, sino por el presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, CSE, Roberto Rivas, y su familia.
El diario La Nación, que denunció semanas atrás esta situación, publicó ayer parte de una carta dirigida por el canciller Bruno Stagno a Phillips, en la cual señala que “se tienen pruebas de que se le ha dado uso indebido (a los vehículos), por parte de personas no autorizadas (...) Por tal motivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha procedido a cancelar la autorización de las exoneraciones correspondientes”.
Norma
La ley costarricense establece que el uso de automóviles con placas diplomáticas es exclusivo para los representantes oficiales de un país, y la prensa local ha publicado fotografías de los hijos del presidente del CSE, quien es hermano del embajador de Nicaragua en San José, Harold Rivas, conduciendo estos vehículos.
Dos de los autos, un Mercedes Benz 2009 y un Porsche 2008, están inscritos en el Registro Público costarricense a nombre del embajador, mientras que el tercer vehículo, un BMW 2009, está a nombre de Guillermo Matus, tercer secretario de la legación.
Requerimiento
La cancillería pedirá a Rivas, en una fecha no especificada, entregar las placas diplomáticas de los tres autos, por lo que se deberán cancelar los impuestos respectivos, unos 130 mil dólares de acuerdo con las estimaciones de Hacienda.
“Veníamos investigando el asunto. Ahora debemos realizar el debido proceso y darle un plazo a los dueños registrales de los vehículos para que vengan, comparezcan y paguen los impuestos”, dijo Phillips.
Por su parte, la Fiscalía abrió una investigación contra el presidente del CSE, su esposa y otras personas, por el mismo caso, por el delito de defraudación fiscal, según confirmó hoy a EFE un portavoz del Poder Judicial.
El embajador de Nicaragua, quien aún no se ha referido a estas medidas, solicitó en noviembre a la Cancillería aumentar la seguridad en su casa debido a lo que llamó una “persecución” por parte de la prensa, específicamente de La Nación; sin embargo, el Gobierno costarricense desestimó esta petición.
El diario también reveló que dos de los hijos del presidente Daniel Ortega viven en San José en una casa propiedad del magistrado Roberto Rivas.
