La Iglesia Católica de Costa Rica informó ayer que ha acogido a 18 Misioneras de la Caridad que fueron expulsadas de Nicaragua y cuya organización fue disuelta por el Gobierno de ese país.
La Conferencia Episcopal de Costa Rica informó que las mujeres de la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta fueron recibidas este miércoles por la Diócesis de Tilarán-Liberia, en la provincia de Guanacaste (noroeste).
“Las recibimos con todo el amor que se merecen por su servicio y su entrega a Dios y a la Iglesia. Son 18 hermanas religiosas que se encontrarán pasando por nuestro país, las cuales fueron expulsadas por el Gobierno de Nicaragua”, indicó la Diócesis de Tilarán Liberia en sus redes sociales.
La disolución de las Misioneras de la Caridad, junto a otras 100 Organizaciones No Gubernamentales en Nicaragua, fue aprobada con carácter urgente y sin debate el miércoles pasado en el Parlamento.
Las Misioneras de la Caridad, creada el 16 de agosto de 1988 durante el primer régimen sandinista (1979-1990) tras una visita a Nicaragua de la madre Teresa de Calcuta, mantenía una guardería, un hogar para niñas víctimas de abusos o abandonadas y un asilo de ancianos, que comenzaron a cerrar desde el pasado 15 de junio.
Según un informe de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación de Nicaragua, las Misioneras de la Caridad incumplieron con sus obligaciones conforme a la ley que los regula, y la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Según las autoridades de Nicaragua, las Misioneras de la Caridad no estaban acreditadas por el Ministerio de Familia para funcionar como guardería, centro de desarrollo infantil u hogar de niñas o asilo de ancianos, ni tenían permiso del Ministerio de Educación para realizar el reforzamiento de aprendizaje.
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En Nicaragua, con el voto de los sandinistas, se han ilegalizado 858 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), de más de 6.000 existentes.
Estas medidas son promovidas por el Gobierno desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular -originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social- calificada como intento de golpe de Estado por el presidente Daniel Ortega.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que ha dejado centenares de muertos en protestas populares tildadas de intento de golpe de Estado por Ortega, que lleva 15 años y 5 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.
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