25/04/2024
09:40 PM

Un sordociego preside por primera vez una mesa electoral en España

  • 28 abril 2019 /

Supone una apuesta del Gobierno español por la participación de las personas con dificultades visuales y auditivas.

Santa Cruz De Tenerife (España).

Una de las 60.038 mesas constituidas para que los españoles depositen su voto está presidida por Antonio Acosta, el primer sordociego que asume esa responsabilidad en España.

Su presencia en una mesa electoral de un colegio de Santa Cruz de Tenerife, en las islas Canarias, supone un paso más en la normalización de las personas que sufren discapacidades y su participación en este tipo de procesos.

'Mi presencia da normalidad a las personas con sordoceguera', asegura a Efe Acosta sobre los que como él sufren esta discapacidad que supone la ausencia total o parcial de vista y oído.

Algunos ciudadanos se sorprenden cuando lo observan supervisando las votaciones, ayudado por sus compañeros de mesa y por una guía interprete, aunque luego constatan que puede desarrollar el papel igual como cualquier otro.

'Es algo que forma parte del desconocimiento', dice.

Para Acosta presidir una mesa electoral 'forma parte de la vida' y por eso es bueno conocer las dificultades de quienes conviven con esta discapacidad, porque lo primero que suele preguntarse la gente es qué puede hacer una persona sordociega y qué no, aunque 'lo normal es que piensen que no puedes hacer nada'.

'Espero que vaya cambiando y pase a ser una anécdota más', señala Acosta, quien celebra el alto nivel de participación que se está registrando su mesa y en toda España.

'(Los ciudadanos) tenemos que propiciar que seamos nosotros los que tengamos el poder de decisión', subraya.

La presencia de Acosta en estos comicios supone una apuesta del Gobierno español por la participación de las personas con dificultades visuales y auditivas en los procesos electorales, para lo que se han creado procedimientos de ayuda.

Además, en estas elecciones también pueden votar otras 100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo, gracias a un decreto aprobado el pasado octubre.