Nueva York, Estados Unidos
El
hondureño, que no hace público su nombre por motivos de seguridad, habló ayer durante una llamada con la prensa, organizada por los abogados que representaron a las cuatro familias
inmigrantes que interpusieron la demanda. La de J.F. es una de las familias.
El presidente Donald Trump le quitó a un hondureño que vive legalmente en EEUU la esperanza de que vivan con él su esposa y sus dos hijas pequeñas. Ahora vuelve a tener esa esperanza.
J.F., un carnicero de 48 años y quien vive en Nueva York, espera ahora que su familia pueda llegar desde Honduras en unos meses y vivir con él gracias a un acuerdo entre el gobierno de Trump y varios demandantes que permite que casi 2,700 jóvenes y niños centroamericanos se puedan reunir con sus familias en EEUU.
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Es el estatus que tienen muchos de los padres que esperan a sus hijos en EEUU y la administración Trump planea cancelarlo.
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Tengo fe en Dios que estaremos juntos”, dijo el hondureño, quien reside legalmente en EEUU desde hace más de 20 años con un estatus migratorio temporal conocido como TPS. “Espero que mis hijas estudien aquí”, agregó.
En agosto de 2017, Trump canceló un programa creado por Barack Obama, que permitía a algunos padres centroamericanos que residen legalmente en EEUU solicitar que sus hijos que viven en Centroamérica sean traídos a EEUU como refugiados. A diferencia de otras vías en las que los residentes legales pueden pedir que vengan sus hijos a vivir con ellos, este programa era gratis y ofrecía servicios sociales y asistencia financiera a los refugiados que llegaban.
Los 2,700 menores que cubre el acuerdo recibieron aprobación para viajar a EEUU, pero como Trump canceló el programa, éstos se vieron obligados a quedarse en Centroamérica.
Durante la llamada de ayer, los abogados dijeron que algunos ya tenían las maletas hechas cuando se les dijo que debían quedarse en su país. “Fue muy duro recibir esa noticia”, dijo J.F. “Ellas vivían en condiciones peligrosas”, agregó en referencia a sus hijas, de 9 y 4 años, y a su esposa.
Un juez federal falló recientemente que la cancelación de las aprobaciones de los menores en el programa fue ilegal y ordenó que el gobierno estadounidense empiece a procesar a los 2,700 niños y jóvenes. El proceso tomará meses, dijeron los abogados, quienes también expresaron reservas sobre si los funcionarios de Trump cumplirán con el acuerdo y si lo harán con rapidez.
