México ha recibido a más de un centenar de migrantes centroamericanos devueltos por Estados Unidos, a la espera que se procese su solicitud de asilo.
El 14 de febrero pasado, el Gobierno de Donald Trump comenzó a implementar un decreto que emitió en noviembre pasado de una nueva política de asilo tras el arribo de la primera caravana de migrantes a la frontera.
Dicha ley especifica que estos migrantes solicitantes de asilo en EEUU deben permanecer en territorio mexicano hasta que se resuelva su solicitud.
Según un reporte del Instituto Nacional de Migración de México (INM), 161 personas han sido expulsadas a México, entre estos 86 hondureños, 45 de El Salvador y 30 de Guatemala.
La semana pasada, la administración de Trump confirmó que busca expandir la devolución de migrantes de terceros países a México.
'Queremos hacerlo con enfoque metódico', dijo un funcionario del Departamento de Seguridad Interna que solicitó el anonimato.
El gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que asumió el 1 de diciembre pasado, es el primero que acepta recibir a migrantes con el argumento de que es por razones humanitarias pero señala que no está de acuerdo con esta 'medida unilateral' de la administración de Trump.
Los anteriores gobiernos mexicanos se habían resistido a esta práctica que Estados Unidos denomina 'protocolo de protección a migrantes' pero que es duramente criticada por defensores de derechos humanos.
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Hasta ahora, los solicitantes de asilo podían esperar su audiencia dentro de Estados Unidos y gozando de libertad, por lo que muchos de ellos se esfumaban sin atender la cita.
La espera para tener la audiencia puede ser incluso de años, según especialistas en migración.
Migración no detalló si algunos de estos migrantes llegaron en alguna de las caravanas de centroamericanos que han llegado al país en los últimos meses luego de que en octubre una caravana, que llegó a sumar unos 7.000 migrantes, viajó de Honduras hasta Tijuana.
Cerca de 12.000 centroamericanos que viajan en distintas caravanas se encuentran legalmente en México luego de que el gobierno les ha otorgado visas humanitarias por un año que les permiten transitar libremente por el país, trabajar y acceder a salud y educación.