Damian Williams, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Anne Milgram, administradora de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), anunciaron hoy la extradición de Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, por cargos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
Bonilla Valladares arribó a Estados Unidos ayer procedente de Honduras y será presentado hoy ante la jueza federal Katharine H. Parker.
El fiscal federal Damian Williams dijo que “en lugar de usar su posición de alto poder como jefe de la Policía de Honduras para combatir el narcotráfico, Juan Carlos Bonilla Valladares explotó corruptamente su posición para proteger y ayudar a los organizaciones narcotraficantes que estaba obligado a desbaratar”.
“Con su apoyo y protección, los asociados de Bonilla Valladares se convirtieron en un conducto crítico para el tráfico de drogas de Centroamérica a los Estados Unidos. Su extradición demuestra que nadie está exento en virtud de su título o posición de autoridad, incluso los presidentes y jefes de policía extranjeros, de un proceso penal por contribuir a la avalancha de narcóticos ilegales en este país que causa tanto daño”, agregó el fiscal.
La administradora de la DEA, Anne Milgram, manifestó que “el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández no habría llegado al poder y no se habría beneficiado con éxito de las ganancias masivas de las drogas si no hubiera sido por su amplia red de asociados corruptos. Estos socios, incluido Bonilla Valladares, también explotaron sus posiciones para traficar cocaína a los Estados Unidos y proteger violentamente a otros narcotraficantes con conexiones políticas, todo para su propio beneficio personal”.
La miembro de la DEA prosiguió diciendo que “Bonilla Valladares traicionó aún más al pueblo hondureño al usar su placa de aplicación de la ley para encubrir sus crímenes. La extradición de Bonilla Valladares demuestra una vez más al mundo que los funcionarios corruptos no pueden esconderse detrás de sus cargos”.
La DEA, en coordinación con sus socios estadounidenses e internacionales, advirtió que no se detendrá ante nada para llevar ante la justicia a cualquiera que amenace la seguridad y la salud de los estadounidenses.
Según las alegaciones contenidas en la acusación contra Bonilla Valladares, las pruebas presentadas en el juicio de octubre de 2019 de Juan Antonio Hernández Alvarado en el Distrito Sur de Nueva York, y las declaraciones en audiencia pública durante su enjuiciamiento, aproximadamente entre 2003 y 2020, múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas y con el apoyo de ciertas personas públicas y privadas prominentes, incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para recibir cargas de varias toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde, entre otros lugares, Colombia y Venezuela a través de rutas aéreas y marítimas, y para transportar la droga hacia el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos.
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La acusación añade que para protegerse de la interferencia de las fuerzas del orden y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargamentos de varias toneladas de cocaína, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos presidentes, miembros del Congreso Nacional de Honduras y personal del Gobierno hondureño, incluido Bonilla Valladares.
“El Tigre” Bonilla fue miembro de la Policía Nacional de Honduras entre aproximadamente 1998 y 2016. Durante su mandato ostentó cargos de alto rango, incluido el de jefe de Policía regional con autoridad sobre ubicaciones en el occidente de Honduras, que eran estratégicamente importantes para los narcotraficantes, y jefe de Policía la Policía Nacional de Honduras entre 2012 y 2013.
Bonilla Valladares supuestamente explotó de manera corrupta los cargos oficiales para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger a la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineaba, incluidos el excongresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado y el expresidente Juan Orlando Hernández.
Se indica que por ejemplo, a cambio de sobornos pagados con ganancias de drogas, el exjefe policial ordenó a miembros de la Policía Nacional de Honduras, que estaban armados con ametralladoras, que dejaran pasar cargamentos de cocaína a través de retenes policiales sin ser inspeccionados ni incautados.
Bonilla Valladares, en coordinación con Hernández Alvarado y otros, también proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de cocaína, incluida información sobre operaciones de interdicción aérea y marítima.
Alrededor de 2010, “Tony” Hernández le dijo a un testigo colaborador (“CW-1”) que le ayudaron a Bonilla Valladares a avanzar en su posición dentro de la Policía Nacional de Honduras y que este protegió sus actividades de tráfico de drogas a cambio.
Hernández Alvarado también le dijo a CW-1 que “El Tigre” Bonilla era muy violento, y que junto a Juan Orlando Hernández confiaron en él tareas especiales, incluido el asesinato. Por ejemplo, en o alrededor de julio de 2011, Bonilla Valladares habría participado en el asesinato de un narcotraficante rival a pedido de “Tony” Hernández Alvarado y otros porque el traficante rival había intentado evitar que él y otros miembros de la conspiración transportaran cocaína a través de una regió. del occidente de Honduras, cerca de la frontera con Guatemala.
La Fiscalía acusa a “El Tigre” Bonilla de los siguientes cargos: conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover, la conspiración de importación de cocaína, así como también conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína.
Si es declarado culpable, enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por el primer cargo, una sentencia mínima obligatoria de 30 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por el segundo cargo, y un término máximo de cadena perpetua en el cargo tres.
El Departamento de Justicia aclaró que las sentencias máximas posibles son prescritas por el Congreso y se proporcionan solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia del acusado será determinada por un juez.
Williams elogió el destacado trabajo de investigación de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la Oficina de País de Tegucigalpa.
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una valiosa asistencia para asegurar el arresto y la extradición de Bonilla Valladares. Este enjuiciamiento es parte de una operación de las Fuerzas de Tareas de Control de Drogas contra el Crimen Organizado, encargadas de identificar, interrumpir y desmantelar las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos, utilizando un enfoque de múltiples agencias y dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia.
Los fiscales federales adjuntos Jacob H. Gutwillig, Michael D. Lockard, Jason A. Richman y Elinor L. Tarlow están a cargo de la acusación.
