El canciller hondureño Eduardo Enrique Reina, luego de calificar ayer martes como “desacertada” una declaración de la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura F. Dogu, sobre una reforma al sector eléctrico propuesta por el Ejecutivo diciendo que “es crítica” y que le “preocupa” el impacto que tendrá en la inversión extranjera, aclaró hoy que existen buenas relaciones con el país norteamericano
“No hay temor de que la relación con Estados Unidos se complique, al contrario, estamos fortaleciendo los vínculos”, aseguró.
Recordó que el tema energético es prioridad y que los mecanismos de conversación deben darse entre los niveles correctos para no afectar los acuerdos. “Tenemos una relación buena y amplia con Estados Unidos en los términos de la franqueza, el Gobierno está buscando ordenar el tema de la energía eléctrica”, apuntó.
Comentario no fue bien recibido
“Señora embajadora usted ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Nos preocupa su desacertada opinión sobre política interna, la que no contribuye a las buenas relaciones con EEUU.”, escribió Reina en Twitter sobre un mensaje de Dogu en la misma red social.
Minutos antes del mensaje del canciller hondureño, la embajadora estadounidense dijo que la reforma energética propuesta por el Gobierno que preside Xiomara Castro “es crítica para el desarrollo económico”.
“Estamos analizando la propuesta energética y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora”, indicó la diplomática estadounidense.
El roce entre el nuevo Gobierno de Honduras que desde el 27 de enero preside Xiomara Castro y la nueva embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, que asumió el 12 de abril, es el primero entre los dos países, que desde antes de las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021 se comenzaron a estrechar con la ahora gobernante del país.
El anteproyecto Ley Especial de Energía Eléctrica, del Poder Ejecutivo, fue presentado ayer martes en el Congreso Nacional, que indicó que el objetivo de la norma es “garantizar el servicio de electricidad como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social”.
El Gobierno hondureño inició el lunes reuniones con los generadores privados de energía, con el fin de “renegociar” los contratos que tienen con la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y advirtió que, si no reducen la tarifa, el Estado podría asumir el control de sus plantas tras el pago de “un justiprecio” de las mismas, según el anteproyecto de ley.
Honduras tiene una demanda de unos 1,700 megavatios, de los que más del 60% son generados por plantas térmicas que funcionan con derivados del petróleo, lo que representa para el país una factura muy alta.
