Honduras
En un pronunciamiento público, Tribunal de Justicia Electoral (TJE) denunció que tres de sus magistrados continúan obstruyendo el funcionamiento del órgano encargado de impartir justicia en materia electoral.
Según detalla el documento, la sesión del Pleno Administrativo fue convocada con 24 horas de anticipación para el lunes 17 de noviembre, amparada en el artículo 5 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral, y bajo la modalidad virtual mediante la plataforma Zoom.
En el documento, el presidente del órgano jurisdiccional, Mario Flores Urrutia, reiteró que ningún reglamento interno prohíbe este tipo de reuniones y que la convocatoria tenía como finalidad garantizar la continuidad operativa del Tribunal.
Pese a ello, los magistrados Lourdes Estapé, Gabriel Gutiérrez y, de manera particular, Mario Morazán, afines al partido de gobierno, no se presentaron.
Para el magistrado presidente, esta ausencia representa una conducta reiterada que ha complicado el desarrollo normal de las labores institucionales en momentos de alta sensibilidad para el proceso democrático.
El comunicado sostiene que la negativa de los magistrados a participar en sesiones formalmente convocadas constituye un obstáculo directo al desempeño del TJE.
Flores Urrutia señaló que esta postura ha debilitado la capacidad del Tribunal para cumplir con sus funciones y ha generado un ambiente de incertidumbre que amenaza con agravarse.
El mensaje también advierte que estas acciones contribuyen a deteriorar la frágil democracia hondureña, al paralizar un organismo que debería operar con estabilidad y responsabilidad, especialmente en un ciclo electoral donde la confianza en las instituciones es fundamental.
A pesar del panorama descrito, el magistrado presidente afirmó que él y la magistrada Miriam Barahona continúan trabajando para sostener la operatividad del TJE.
Destacó el compromiso de Barahona, quien —aunque atraviesa un delicado estado de salud— no ha dejado de cumplir con sus funciones.
Flores Urrutia insistió en que ambos mantienen su responsabilidad de resguardar la institucionalidad electoral y de ejercer los cargos para los cuales fueron nombrados, aun cuando exista un intento sistemático por obstaculizar el trabajo del Tribunal.
