“Si no ceden, los vamos a ir agarrando uno por uno”. Es una de las frases de una nota con amenazas que recibieron un grupo de campesinos que mantienen tomada una de las fincas que pertenecían a los Cachiros, aseguradas en el Bajo Aguán al narcotraficante.
La nota la recibieron ayer los campesinos del grupo Auxiliadora en la finca Cuacu, donde desde hace ocho meses se han apostado para pelear el derecho a la tierra.
El papel lo dejaron en uno de los portones de la finca cultivada de palma africana, que ocupan los campesinos y un grupo armado de un empresario al que supuestamente la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) la dio en arriendo.
Ante la problemática, los dirigentes de la Plataforma Agraria se reunieron ayer mostrando preocupación por las amenazas contra los campesinos.
Problemática
1_ En cinco fincas incautadas a los Cachiros hay conflictos, pues están grupos armados y campesinos que pelean el derecho a la tierra.
2_ Las fincas de palma están ubicadas en el Bajo Aguán y Tocoa, pero la Oabi no informa si están arrendadas a empresarios de la zona.
Manifestaron que la próxima semana tendrán reuniones en Tegucigalpa para solicitar a las autoridades seguridad en las zonas del Bajo Aguán donde hay conflictos con los grupos armados.
En un comunicado ayer, la Comisión Ordinaria de Seguridad y Prevención Ciudadana convocó para este miércoles a las autoridades del INA, al director de la Oabi y al procurador general para socializar el proyecto de decreto presentado por el diputado Jari Dixon, orientado a que todas las tierras que tienen sentencia de privación de dominio a organizaciones criminales sean traspasadas al Instituto Nacional Agrario (INA).
Las tierras deberán ser otorgadas a los grupos campesinos debidamente constituidos en la zona donde se ubique el bien.
El vocero de la Plataforma Agraria afirma que esperaban ser llamados para reunirse con la comisión tripartita de la que son parte junto con la Secretaría de la Presidencia de la República y el alto comisionado de los Derechos Humanos.
En la zona del Bajo Agúan y Tocoa son cinco fincas que pertenecían a los Cachiros, acusados por delitos de tráfico de drogas en Estados Unidos, y que luego de asegurarles los bienes pasaron a manos de la Oficina Administradora de Bienes Incautados.
Pero esas fincas fueron tomadas por grupos armados y luego campesinos también invadieron reclamando el derecho a las tierras.
Desde hace varios años, la Oabi las dio en arriendo a terceras personas, que ahora también pelean los derechos por los que supuestamente están pagando. La Oabi está pendiente de entregar un informe sobre el estado de esas tierras incautadas.
