Las autoridades municipales de Puerto Cortés abrieron una investigación tras recibir una denuncia de maestros y la sociedad de padres de familia del instituto Franklin Delano Roosevelt, quienes alertaron sobre contaminación ambiental por un almacén fiscal que, según aseguran, opera en la zona sin permisos.
Según se informó, la zona, en donde se encuentra la bodega, está clasificada como área escolar y el centro educativo tiene más de 80 años de existencia.
Los departamentos de Gerencia Técnica, Procuraduría y el Departamento Municipal Ambiental iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar si existen irregularidades en los permisos otorgados al plantel industrial cercano al colegio.
El abogado Mario Martínez, procurador municipal, informó que de confirmarse irregularidades o contaminación, el almacén podría ser cerrado.
“Si está dentro del marco de la ley que se cometieron algunas irregularidades que salieron del marco propiamente del otorgamiento de esos permisos... sin ninguna duda se va a tomar la decisión que en derecho corresponda, sin lesionar derecho alguno, sino otorgándole a cada quien el derecho que la misma Constitución les otorga para su defensa”, señaló Martínez.
Protección de la niñez y respeto a la ley
Juan Carlos Zúniga, director del Franklin Delano Roosevelt, dijo que desde enero vienen denunciando la contaminación que generan los contenedores en una zona residencial.
“Sencillamente, esta es un área residencial; está prohibida la instalación de fábricas, almacenes o maquilas. Tenemos una población estudiantil de más de 2,000 alumnos, y un almacén de contenedores contiguo a nuestro predio representa una amenaza”, recalcó.
Ante la denuncia, el procurador municipal explicó que la investigación se realiza bajo instrucciones directas de la alcaldesa María Luisa Martell, con el fin de garantizar la protección de los estudiantes del instituto y de la niñez en general.
“Es una instrucción precisa de la señora alcaldesa que se averigüe de fondo, porque lo primordial y principal es la protección de la niñez y de los adolescentes que están de alguna forma vinculados a esos planteles”, expresó.
El abogado descartó que exista algún tipo de persecución política desde la alcaldía. “Aclarar que desde aquí, de la municipalidad, no hay persecución política en contra de nadie. Puedo garantizarlo, las cosas se hacen aquí como corresponde”, subrayó.
Fiscalía del Medio Ambiente también investigará
Martínez indicó que la Fiscalía del Medio Ambiente también emitirá una resolución sobre el caso, y que los permisos serán revisados por los entes técnicos competentes, incluyendo Ordenamiento Territorial, el Departamento Municipal Ambiental y Control de Ingresos.
“Todo se hace con base en la normativa jurídica aplicable al caso concreto. Se determinará si se cumplió con los requisitos exigidos para otorgar la licencia ambiental, el permiso de operación y el estudio de suelo que corresponde a la municipalidad”, explicó.
De acuerdo con el funcionario, la empresa involucrada — Alminsa, dedicada al almacenamiento fiscal— solo puede operar con la autorización de la Administración Aduanera de Honduras, previa obtención de todos los permisos ambientales y municipales.
“Al final, quien determina si da o no el permiso para operar ya desde el punto de vista fiscal es la Administración Aduanera de Honduras”, detalló.
Rommel Andrade, representante de Alminhsa, rechazó las denuncias, asegurando que se trata de acusaciones infundadas promovidas por personas que buscan perjudicar a la empresa.
Reconoció, sin embargo, que un equipo de la Fiscalía Especial de Protección del Medio Ambiente visitó recientemente las instalaciones para investigar posibles delitos ambientales.
Mientras tanto, la municipalidad espera los resultados de los dictámenes técnicos y legales para decidir si la empresa podrá continuar operando o deberá cerrar definitivamente.
