A pocos días del relevo en el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Finanzas (Sefin) confirmó que realizará un desembolso parcial para atender compromisos financieros con el sector construcción, mientras que el resto de las obligaciones quedará pendiente para la siguiente administración.
Sefin informó que tiene previsto liberar alrededor de 1,000 millones de lempiras antes del cambio de gobierno, siempre y cuando la disponibilidad de recursos en la caja del Estado lo permita. El pago estaría programado, como fecha límite, para el viernes 23 de enero.
Según explicó el titular de Sefin, Christian Duarte, estos fondos serán destinados principalmente a empresas constructoras que ejecutan obras públicas, así como a otros proveedores vinculados a proyectos de infraestructura desarrollados por distintas secretarías.
La Secretaría de Finanzas del gobierno de Xiomara Castro arrastra una deuda de 5,000 millones de lempiras con constructoras que han ejecutado proyectos de construcción y mantenimiento en distintas zonas del país.
El nuevo gobierno de Nasry Asfura heredará una deuda superior a cuatro mil millones de lempiras con constructoras, correspondiente a diversos proyectos de infraestructura vial y social ordenados por el gobierno saliente.
El funcionario señaló que al cierre de cada año fiscal es normal que el Estado mantenga compromisos financieros pendientes, conocidos como deuda flotante, cuyo monto suele ubicarse entre los 8,000 y 15,000 millones de lempiras.
En ese sentido, recordó que la actual administración también inició su gestión asumiendo obligaciones heredadas que rondaban los 13,000 millones de lempiras, una situación que, aseguró, es recurrente en los procesos de transición gubernamental.
Las declaraciones se producen en medio de la inconformidad expresada por representantes del sector construcción, quienes han advertido que los atrasos en los pagos están afectando seriamente la continuidad de las obras y la estabilidad de las empresas contratistas.
Duarte insistió en que las responsabilidades financieras del Estado no dependen de cambios políticos, ya que los contratos se suscriben con el Estado hondureño y no con gobiernos o partidos específicos.
No obstante, reconoció que los retrasos impactan directamente la liquidez y funcionamiento de las empresas proveedoras, especialmente en sectores que dependen de pagos periódicos para sostener sus operaciones.
En cuanto a las transferencias a las municipalidades, el ministro admitió que existe un rezago que supera los 1,000 millones de lempiras, situación que ha provocado dificultades para el pago de salarios en varias alcaldías del país.
Finalmente, atribuyó parte de la presión financiera a la falta de aprobación de créditos externos en el Congreso Nacional, señalando que permanecen pendientes préstamos por más de 8,200 millones de lempiras, recursos que habrían permitido reforzar las finanzas públicas y reducir las obligaciones que ahora quedarán a cargo del próximo gobierno.
