La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió los recursos de amparo presentados por el exfiscal general Johel Zelaya y el exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Mario Morazán contra sus destituciones.
Ambos exfuncionarios recurrieron ante la justicia después de que el Congreso Nacional aprobara su separación de los cargos, tras los juicios políticos desarrollados en su contra.
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, confirmó que los dos recursos fueron admitidos por la Sala de lo Constitucional, aunque los magistrados tomaron decisiones diferentes sobre la suspensión de las destituciones.
En el caso de Zelaya, el recurso fue presentado por el exfiscal general a favor de sí mismo y está dirigido contra las actuaciones del Congreso Nacional que terminaron con su separación del cargo.
La destitución de Zelaya ocurrió luego del juicio político desarrollado en el Congreso Nacional, cuyo proceso concluyó el 25 de marzo de 2026 con la aprobación de su salida del cargo.
Aunque la Sala admitió el amparo, determinó que por ahora no procede suspender los efectos de la destitución de Zelaya. Según Silva, la solicitud no cumplió con los requisitos establecidos para conceder esa medida.
Sin embargo, el recurso continuará bajo análisis. La Sala ordenó comunicar al Congreso Nacional que remita los antecedentes del caso o un informe sobre los hechos dentro de un plazo de dos días, es decir, hasta el 12 de agosto.
En el caso de Mario Morazán, quien fue destituido como magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral, la Sala también admitió el recurso de amparo presentado contra la decisión del Legislativo.
A diferencia del caso de Zelaya, los magistrados dejaron pendiente la resolución sobre la solicitud para suspender los efectos de la destitución de Morazán. Primero revisarán los antecedentes o el informe que entregue el Congreso Nacional.
La Sala deberá analizar posteriormente el fondo de ambos recursos para determinar si las actuaciones cuestionadas vulneraron los derechos de los exfuncionarios. La admisión de los amparos no significa que los magistrados hayan resuelto quién tiene la razón.
