El proceso electoral general celebrado en noviembre de 2025 en Honduras fue atropellado, caótico, con indicios de boicot y marcado por la incertidumbre. Los resultados se oficializaron hasta el último día permitido por la Ley Electoral, el 30 de diciembre, dejando al descubierto una serie de deficiencias que, según expertos, deben corregirse con urgencia.
De acuerdo con Augusto Aguilar, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), existen tres reformas clave que deben aprobarse durante el primer año del nuevo Congreso Nacional: la implementación de la segunda vuelta electoral, que las Juntas Receptoras de Votos (JRV) sean integradas por ciudadanos y no por partidos políticos, y que el Estado asuma directamente el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Trep).
Sobre la segunda vuelta, Aguilar explicó que es necesario reformar el artículo 236 de la Constitución, el cual establece que el presidente y sus designados se eligen por mayoría simple de votos. A su juicio, el balotaje permitiría despejar dudas en escenarios de resultados ajustados, como ocurrió en los recientes comicios entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla.
“La segunda vuelta es imprescindible para evitar o frenar la falta de legitimidad de un gobierno que resulte electo sin superar el 50% de los votos”, sostuvo.
Otro aspecto fundamental, añadió, es modificar la integración de las Juntas Receptoras de Votos, con el fin de evitar que los resultados sean manipulados en favor de una u otra fuerza política.
Según Aguilar, no deben ser los partidos políticos los responsables de integrar estas juntas. “Se debe buscar otro procedimiento, como ocurre en otros países: mediante sorteos, voluntariado o convenios con universidades”, propuso.
En cuanto al Trep, el exmagistrado argumentó que el sistema debe ser administrado directamente por el organismo electoral. “Casi todos los organismos electorales de América Latina tienen su propia tecnología, su propio equipo y recursos humanos. Honduras debe contar con personal calificado del país y dejar de contratar empresas que hacen mal el trabajo y se llevan grandes sumas de dinero”, afirmó.
A su criterio, es necesario analizar qué modelo conviene más al país, pero subrayó que “el organismo electoral debe contar con sus propios recursos tecnológicos y humanos para realizar la transmisión de resultados”.
Finalmente, Aguilar señaló la necesidad de fortalecer el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), institución encargada de conocer y resolver los conflictos legales del proceso, entre ellos impugnaciones, reclamos, recursos de nulidad, candidaturas, credenciales y violaciones a las normas electorales.
