El Congreso Nacional se prepara para la transición institucional, prevista tras el cierre del actual período legislativo el 20 de enero, en cumplimiento de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que garantizan la continuidad antes de la nueva gestión parlamentaria.
El primer paso de este proceso será la celebración de la sesión preparatoria el 23 de enero, un acto formal que antecede a la instalación del nuevo Congreso y en el que se verifican credenciales, se constata el quórum y se sientan las bases para la organización interna del Poder Legislativo. Esta sesión resulta clave para asegurar que el relevo se realice dentro del marco legal y sin vacíos de autoridad.
En esa misma jornada, el pleno procederá a la elección de la junta directiva provisional, integrada de manera transitoria para dirigir los debates iniciales y conducir el proceso de elección definitiva.
La función de esta junta directiva transitoria es estrictamente temporal y se limita a organizar la sesión solemne en la que se elegirán las autoridades en propiedad, responsables de la conducción política y administrativa del Congreso durante el nuevo período legislativo.
Una vez electo, el presidente del Congreso Nacional ejercerá el cargo durante las cuatro legislaturas del período constitucional. No así los demás miembros de la directiva, secretarios, prosecretarios y vicepresidentes, quienes integrarán la junta por un período de dos años y, al finalizar ese plazo, deberán someterse a una nueva elección para su eventual ratificación o sustitución.
La Junta Directiva en propiedad queda facultada para representar al Congreso, convocar sesiones, coordinar la agenda legislativa y administrar los recursos del órgano. Su elección marca el inicio formal de la nueva gestión y la conclusión del período de transición.
De acuerdo con la normativa vigente, la actual gestión legislativa concluye el 20 de enero de 2026, fecha límite para cerrar funciones administrativas y legislativas. A partir de entonces, el Congreso Nacional entrará plenamente en una nueva etapa, con autoridades electas y un mandato renovado.
El nuevo Congreso Nacional, que está próximo a asumir funciones, quedará conformado por el Partido Nacional, que obtuvo la mayoría de curules con 49 diputados. Le siguen el Partido Liberal (41), Libertad y Refundación (35), el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (2) y la Democracia Cristiana (1).
Ante los escenarios registrados antes y después de las elecciones generales, distintos sectores coinciden en que los nuevos integrantes del Congreso Nacional deben priorizar la aprobación de reformas electorales, con el fin de evitar que situaciones similares se repitan en futuros procesos.
Entre los temas señalados como prioritarios figuran la ciudadanización de las mesas electorales, la implementación de la segunda vuelta y la separación de las elecciones presidenciales de los demás niveles de elección popular —diputaciones al Congreso Nacional y alcaldías—, aspectos que, según coinciden los analistas, deben ser considerados de manera urgente por el Legislativo.
“El organismo electoral debe tener sus propios recursos humanos, materiales y tecnológicos para realizar la transmisión de resultados. Ha habido dos o tres procesos sin TREP y no se presentaron tantos problemas como los que tenemos ahora”, indicó Augusto Aguilar, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El exfuncionario señaló que las reformas electorales deben impulsarse desde el primer año de gobierno, ya que, al dejar transcurrir el tiempo, surgen intereses de distinta naturaleza que terminan oponiéndose a los cambios.
A criterio de Aguilar, los tres principales partidos políticos “le temen” a las reformas electorales debido a la desconfianza existente sobre posibles fraudes en quienes dirigen el organismo electoral y en los consejos departamentales y municipales.
Kennett Madrid, abogado, coincidió en la necesidad de emprender reformas electorales para evitar conflictos como los registrados en el actual proceso.
“Las reformas electorales son fundamentales y no deben seguir postergándose, porque el sistema no da para más. Debe existir una concertación clara en la que no solo se pongan de acuerdo los políticos, sino que también se escuche al pueblo”, apuntó.
