Tegucigalpa, Honduras.
A pesar de que diputados, como el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, insisten en que no habrá privilegios en el aseguramiento e incautación de bienes, más organizaciones se pronuncian en contra de reformar la Ley de Privación de Dominio.
El lunes, el diputado Dennis Castro Bobadilla propuso reformar la Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
Ayer, el Instituto Universitario Democracia Paz y Seguridad ( Iudpas) emitió un comunicado manifestando su posición sobre las acciones que, según ellos, se están impulsado para detener el combate a la corrupción e impunidad.
“El proyecto de reforma se convierte en el segundo frenazo, ejecutado en menos de dos meses, impulsado desde el Congreso Nacional y que tiene como único objetivo detener las acciones que se ejecutan desde el Ministerio Público para combatir la corrupción e impunidad arraigada en nuestro país”. El Iudpas, órgano interno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, señala que “las acciones e iniciativas que están impulsando y aprobando -los diputados- no es el mejor ejemplo para las nuevas generaciones”.
Reformas
Dennis Castro Bobadilla pide, además de reformar por adición los artículos 2, 3, 33, 55 y 70 de la ley, así como la modificación del artículo 78, derogar definitivamente el artículo 80 por considerarlo inconstitucional.
El diputado Zambrano aseguró ayer que la reforma no busca beneficiar a corruptos. “Hay que dejar claro que el proyecto que presentó el compañero Bobadilla no está diciendo que no se le van a poder asegurar bienes a alguien o la incautación, está estableciendo la diferencia, que quede bien claro en qué caso aplicar el aseguramiento, y hasta qué momento procesal se tiene que aplicar la incautación. Es falso que es para proteger a otras personas, es para que quede bien establecido cuándo habrá un aseguramiento y en qué casos interviene la aplicación de la incautación”.
El artículo dos actual dice: “La identificación, localización, recuperación, aseguramiento, de bienes o activos, y la privación definitiva del derecho de dominio de los bienes, productos, instrumentos y ganancias de origen ilícito que no tengan causa económica legal de su procedencia”.
En la propuesta legistativa, el diputado de la Alianza Patriótica Hondureña pretende que se agregue el párrafo: “Cuando se trate de funcionarios o empleados públicos que se les investigue por el delito de malversación de caudales públicos, conforme al artículo 370 del Código Penal, se le privará solo de los bienes productos, instrumentos o ganancias, originados, obtenidos o derivados de dichos caudales malversados y adquiridos a partir de la fecha en que tomaron posesión del cargo público conforme al monto de lo malversado y mediante sentencia firme y condenatoria”.
Al abogado penalista René Altamirano, no le parece que hagan una reforma para beneficiar a funcionarios con dedicatoria solo para algunas personas.
A pesar de que diputados, como el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, insisten en que no habrá privilegios en el aseguramiento e incautación de bienes, más organizaciones se pronuncian en contra de reformar la Ley de Privación de Dominio.
El lunes, el diputado Dennis Castro Bobadilla propuso reformar la Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
Ayer, el Instituto Universitario Democracia Paz y Seguridad ( Iudpas) emitió un comunicado manifestando su posición sobre las acciones que, según ellos, se están impulsado para detener el combate a la corrupción e impunidad.
“El proyecto de reforma se convierte en el segundo frenazo, ejecutado en menos de dos meses, impulsado desde el Congreso Nacional y que tiene como único objetivo detener las acciones que se ejecutan desde el Ministerio Público para combatir la corrupción e impunidad arraigada en nuestro país”. El Iudpas, órgano interno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, señala que “las acciones e iniciativas que están impulsando y aprobando -los diputados- no es el mejor ejemplo para las nuevas generaciones”.
Reformas
Dennis Castro Bobadilla pide, además de reformar por adición los artículos 2, 3, 33, 55 y 70 de la ley, así como la modificación del artículo 78, derogar definitivamente el artículo 80 por considerarlo inconstitucional.
El diputado Zambrano aseguró ayer que la reforma no busca beneficiar a corruptos. “Hay que dejar claro que el proyecto que presentó el compañero Bobadilla no está diciendo que no se le van a poder asegurar bienes a alguien o la incautación, está estableciendo la diferencia, que quede bien claro en qué caso aplicar el aseguramiento, y hasta qué momento procesal se tiene que aplicar la incautación. Es falso que es para proteger a otras personas, es para que quede bien establecido cuándo habrá un aseguramiento y en qué casos interviene la aplicación de la incautación”.
El artículo dos actual dice: “La identificación, localización, recuperación, aseguramiento, de bienes o activos, y la privación definitiva del derecho de dominio de los bienes, productos, instrumentos y ganancias de origen ilícito que no tengan causa económica legal de su procedencia”.
En la propuesta legistativa, el diputado de la Alianza Patriótica Hondureña pretende que se agregue el párrafo: “Cuando se trate de funcionarios o empleados públicos que se les investigue por el delito de malversación de caudales públicos, conforme al artículo 370 del Código Penal, se le privará solo de los bienes productos, instrumentos o ganancias, originados, obtenidos o derivados de dichos caudales malversados y adquiridos a partir de la fecha en que tomaron posesión del cargo público conforme al monto de lo malversado y mediante sentencia firme y condenatoria”.
Al abogado penalista René Altamirano, no le parece que hagan una reforma para beneficiar a funcionarios con dedicatoria solo para algunas personas.
