El o los responsables de la LA PRENSA publicó el lunes los dos decretos aprobados por los diputados, el primero publicado en La Gaceta en julio de 2011, en el que se establece que la finalidad de la ley es “fortalecer los operadores de justicia para combatir toda amenaza a la convivencia pacífica y la seguridad personal y material de los habitantes”

El segundo decreto, publicado en octubre de 2011, reforma el párrafo anterior dándole una nueva redacción a la ley en el sentido de que ahora la finalidad es “establecer mecanismos de financiamiento a las finanzas del Estado”.

Esta nueva redacción deja abierta la puerta para que los dineros de la tasa de seguridad sean utilizados por el Gobierno para cumplir otras obligaciones que no son precisamente fortalecer a los operadores de justicia y a la Policía en el combate contra la criminalidad.

Diversos sectores han cuestionado que se haya modificado el espíritu de la ley.

En los últimos días se ha buscado la explicación del secretario del Congreso Nacional, Rigoberto Chang Castillo, y del presidente de la Comisión de Presupuesto I, Francisco Rivera, pero ambos se han llamado al silencio y no contestan sus celulares ni las peticiones de entrevista formuladas mediante sus colaboradores.

Tampoco el diputado presidente Juan Orlando Hernández se refirió ayer al tema cuando se le llamó a su teléfono y se le solicitó a su asistente pasarle la petición de una entrevista.

Pudieron manosearla

Marvin Ponce, vicepresidente del Congreso y cercano al titular de ese poder del Estado, expresó su sorpresa de que este cambio se haya efectuado sin que lo conocieran lo demás diputados.
Recordó que en la última modificación que se hizo a la ley de la tasa de seguridad no se incluyó ni abordó la parte referente a la finalidad de los fondos.

Lo que se planteó era que el fideicomiso estaba muy atado a la Comisión Técnica que maneja los fondos y que era necesario establecer un mecanismo para que operara más rápido y fuera menos burocrático.

“Esa era el objetivo de la reforma, pero con sorpresa hemos visto que ha habido una reforma y parece que el objetivo y la finalidad del fideicomiso ahora es generar mayores ingresos para las finanzas públicas”, deploró.

Reconoció que esa nueva redacción altera el espíritu de la tasa de seguridad, que es crear los mecanismos de apoyo para combatir la criminalidad, pero ahora puede interpretarse como que el dinero puede destinarse para otros fines.

Puede ser que el dinero llegue a Finanzas y lo miren como un ingreso más y no específicamente para seguridad. Recuérdese que la caja única funciona de acuerdo con parámetros bien definidos. La preocupación es que, si eso queda, sea malinterpretado por un ministro y agarre toda la plata para fines no de seguridad y para gasto corriente”, acotó.

Consultado en relación con si pudo darse una manipulación o un manoseo del decreto, Ponce indicó que habría que investigar si se discutió en la agenda o si el cambio lo hizo la comisión de dictamen o la comisión de estilo cuando lo enviaron a sanción y publicación al Ejecutivo.

“Vamos a investigar mejor porque no quisiera adelantarme a un hecho que no conozco, lo que sí es claro es que el primer articulo de la creación de la ley no se tocó como aparece ahora en la publicación. Vamos a ver qué ha ocurrido realmente para hacer la denuncia”, apuntó.

El parlamentario agregó que recuerda que esa modificación se haya tratado en la cámara, pero “quisiera darle el beneficio de la duda a la secretaria de que se hizo así o que no se le dio la suficiente importancia a esa parte” en el momento que la enmienda se sometió a discusión.

Expresó que bajo la redacción actual se corre el riesgo de que en este año político los dineros puedan utilizarse para otros propósitos, como la construcción de canchas y otras supuestas actividades de prevención, que al final no son más que actividades de carácter político, manejadas por el Gobierno de turno.

Dinero es para seguridad

Consultado al respecto, Reinaldo Sánchez, presidente del Comité Técnico del Fideicomiso y exsecretario del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, expresó también su desconocimiento de la polémica reforma, pero aseguró que independientemente de eso su destino está garantizado y auditado, de modo que no hay posibilidad de que se utilice para otros propósitos.

Indicó que la última enmienda que se hizo a la ley estaba dirigida a establecer mecanismos para reducir la alta evasión de la tasa de seguridad, se eliminaba la responsabilidad del Gobierno de completar la meta de recaudación de los 1,500 millones de lempiras y se establecía que el Consejo Nacional de Defensa se convertía en la última instancia para decidir el destino de las inversiones.