Como “un engaño al pueblo” calificaron diputados y empresarios la reforma a la Ley de Seguridad Poblacional -conocida como Tasón o Tasa de Seguridad- que hoy permite desviar los fondos para gasto corriente o cualquier otro destino que el Ejecutivo decida y no obligadamente a dar seguridad a la población. Piden que se investiguen si esos los fondos recolectados por la Tasa de Seguridad. Ahora, esa finalidad es “establecer mecanismos de financiamiento a las finanzas del Estado”.
El diputado Wenceslao Lara pidió que el Tribunal Superior de Cuentas inicie una investigación de cómo esa ley se trastocó.
“Eso se aprobó para uso exclusivo de apoyar a los operadores de justicia para que combatieran la inseguridad que hay en el país, yo me opuse porque sabía que no era la forma de recolectar dinero y no era sacrificando más al pueblo que se iban a resolver los problemas”, dijo.
Lara afirmó que ya intuía que ese dinero no se utilizaría para seguridad, sino que le darían vuelta al decreto y que esos fondos los utilizarían para campañas políticas y gasto corriente del país.
El parlamentario aseguró que no sabe cómo ni en qué momento se aprobó esa reforma que cambió la finalidad de la Ley de Seguridad Poblacional y pidió una investigación.
“El pueblo ha sido engañado con esta reforma, le han robado el dinero porque según esa reforma es para fortalecer las arcas del Estado y eso significa tener dinero disponible para apoyar un candidato que quiere ser Presidente a costa de lo que sea”, manifestó.
Los empresarios en la zona norte reaccionaron también sorprendidos ante la reforma. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (Cicc), Fernando Jaar, recordó que los hondureños aceptaron pagar el impuesto para recibir seguridad en sus ciudades.
“El espíritu original de la Ley es claro: es para el tema de seguridad, si se hace un cambio tendrían que dar una justificación porque si la finalidad es para fortalecer las Finanzas del Estado están engañando al pueblo”.
“La inseguridad está afectando a todo el país y estamos pagando una tasa para apoyar a los operadores de justicia”, enfatizó.
Jaar calificó como lastimoso el papel de los diputados. “Es insólito lo que pasa, es un engaño al pueblo hondureño, nosotros pagamos para que nos den seguridad”. Coincidió con algunos diputados para que se investigue los manoseos a la Ley.
El diputado liberal Darío Banegas recordó que votó en contra del impuesto porque representa una carga más para el contribuyente, que se podía evitar con el buen manejo de las finanzas públicas, con la modernización y especialización de la DEI y con un nuevo orden de prioridades en el gasto corriente del Estado.
“Cuando se planteó la reforma fue porque ya habían fracasado la primera vez y la burocracia cree que cambiando las leyes se agilizan los trámites. Muchas veces, como en este caso, las inversiones no se ejecutan por falta de una visión clara y de voluntad”.
Dijo que la burocracia estatal suele enredarse porque los burócratas se conocen a sí mismos y “saben que cuando hay fondos de por medio sobrevuelan sus cabezas los vampiros de la corrupción, entonces aparece el laberinto de los controles que al fin de cuentas no funcionan y entorpece todo”.
Para el diputado, la primera comisión para el fideicomiso del tasón estaba integrada por empresarios que en sus compañías privadas hace años hubiesen invertido esos fondos, “pero los trabó la ciénaga del Gobierno que va tropezándose entre sus propios tentáculos mientras los que pagamos impuestos esperamos respuestas”.
El diputado German Leitzelar también reaccionó en torno al tema.
“Se dejó claro que los fondos que ingresan por la tasa de seguridad son exclusivamente para ese fin y no pueden ser utilizados para otros tipos de necesidades del Estado y mucho menos para aplicarlos en gasto corriente”.
Mencionó que tampoco recordaba que se hiciera esa reforma en el Congreso Nacional.
Alerta Juristas advirtieron que se corre el riesgo de que los fondos por tasa de seguridad sean empleados en gasto corriente.
Esperanza En San Pedro Sula están a la espera de los 60 millones de lempiras luego que la Secretaría de Seguridad aprobará el plan.
Wenceslao Lara: 'Hay que investigar si esos fondos en realidad están siendo utilizados para seguridad y no para campañas políticas y gasto corriente”
German Leitzelar: 'Hay riesgo de que esos fondos puedan ser utilizados en otros gastos; pero se deben orientar a la prevención y combate del delito”.
Fernando Jaar: 'En San Pedro Sula hemos trabajado en un plan de seguridad y esperamos que los fondos que corresponden al municipio estén disponibles”.
