TEGUCIGALPA.
Más allá de los cálculos políticos, intereses sectarios y una sostenida abulia, el tripartidismo le está apostando a otra crisis en el país al no definir las reglas de las próximas justas democráticas con la aprobación completa de la nueva Ley Electoral.
A seis días para que se convoque a las votaciones generales, la incertidumbre se mantiene y han surgido marcadas diferencias entre dos fuerzas mayoritarias (Partido Nacional, al igual que Libertad y Refundación) que en lugar de contribuir a la paz y tranquilidad de la nación solo generan más polarización social.
En medio de acusaciones y contraacusaciones se busca responsabilizar ya sea al oficialismo o a la oposición de esta situación, pero para expertos consultados la culpa recae en la generalidad de la clase política por acción u omisión sin haber excepción. Ni la mediación del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, surtió efecto y su previsión de que esta normativa pudiera estar admitida entre ayer y hoy quedó en nada.
Causante
Si bien la representación de Libre se ausentó de la reunión de la comisión política en el CN programada para el miércoles anterior, las intenciones de cambios al dictamen del instrumento jurídico promovidos por los nacionalistas fueron la causante.
“La no presencia nuestra en la reunión virtual es un mensaje de protesta ante la iniciativa del Partido Nacional de querer cambiar el dictamen, no vamos a aceptar una nueva burla que se pretenda hacer a la voluntad popular al querer cambiar lo que ya se había acordado”, manifestó el diputado Carlos Zelaya, uno de los miembros de la comitiva de parte del partido de izquierda.
En el caso del Partido Liberal, advirtió que si no se respetan los consensos alcanzados en un inicio con el conjunto de normas tampoco acompañarán su aprobación, mientras que a falta de una nueva Ley Electoral para los comicios del 28 de noviembre no participarán en ese proceso.
