El anuncio de la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, una de ellas en la zona selvática entre el municipio de Patuca, Olancho, y el departamento de Gracias a Dios, pone en alerta a las comunidades indígenas que habitan en La Mosquitia hondureña.
Los líderes comunitarios consideran que la construcción de un centro penal en la zona que alberga una de las reservas naturales más grandes de la región constituye una gran amenaza para la población, por lo que se oponen a su construcción.
“En el tema de la cárcel no ocupamos que nos consulten, no lo han hecho, pero tampoco ocupamos que lo hagan. La Mosquitia rechaza en su totalidad ese proyecto”, aseguró Ranulfo Julián Andares, presidente de la organización Miskitu Asla Takanka (Masta).
El dirigente indígena manifestó que con la construcción de la cárcel viene una carretera, lo que amenaza la seguridad, tierras y recursos naturales que por años han protegido las comunidades. “Construyendo una carretera la amenaza para nosotros es de dos cosas: uno, que le facilita la invasión a los terceros, y la otra es que los destructores de los recursos naturales vendrán”, dijo.
“En vez de llevarnos desarrollo quieren llevarnos los reos de alta peligrosidad. Eso es un peligro para la sociedad entera y también un peligro para la destrucción completa de nuestros recursos naturales”, advirtió.
Necesidades
En el departamento se encuentran asentados tres pueblos originarios, tawahkas, garífunas y misquitos, los que representan el 95% de la población. La diputada liberal Ericka Urtecho considera que en vez de llevar cárceles se deben mejorar las condiciones de vida de alrededor de 110,000 personas que viven en el departamento de Gracias a Dios.
Datos
- 1,500 Reos albergará cada una de las prisiones de máxima seguridad que el Gobierno pretende construir en La Mosquitia y la isla del Cisne en el Caribe.
- 430 Centros educativos, un hospital y 48 centros de salud hay para atender a la población de Gracias a Dios, todos necesitan ser mejorados en sus condiciones.
“Antes de necesitar una cárcel lo que necesitamos es infraestructura escolar, centros de salud, otro hospital, por lo tanto estamos confiando en que la presidenta Xiomara Castro apoye con otros proyectos a favor del pueblo de La Mosquitia”.
Apuntó que en otros municipios donde se han construido prisiones han tenido un repunte de la violencia, por lo que no se quiere lo mismo para el departamento.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, del que Honduras es signatario, establece que el Estado está en la obligación de hacer las consultas a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas administrativas y legislativas susceptibles a afectarles directamente.
Ante eso, la comisionada de los Derechos Humanos en Honduras, Blanca Izaguirre, pidió al Estado aplicar una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas sobre la construcción de la prisión.
En un comunicado, Izaguirre dijo que ve con “preocupación” que el Gobierno pretenda construir una cárcel de máxima seguridad en territorio habitado por indígenas de las etnias misquita, tawahkas y pech.
Agregó que se requiere la “participación previa, libre e informada de los pueblos indígenas”, pues involucra sus tierras, territorios y recursos naturales, lo cual puede “comprometer sus derechos humanos”.
Petrolera
Otro de los proyectos que en los últimos días ha encendido las alertas de las comunidades es la exploración de petróleo en la zona marítima de La Mosquitia. Cabe resaltar que dicha concesión para exploración y explotación petrolera fue dada a una empresa desde 2013; sin embargo, la empresa solicitó en febrero de 2022 una prórroga del contrato.
Autoridades de la Secretaría de Energía integraron un equipo técnico y legal para analizar si la empresa había cumplido con todos los requisitos necesarios para otorgarle la prórroga de la concesión. Los hallazgos preliminares de la investigación indican que los procesos de consulta previa, libre e informada, así como de estudios ambientales, no se hicieron de forma adecuada.
“Falta hacer un último cotejo de información con la empresa favorecida para poder tomar una decisión sobre si el Estado otorga la segunda prórroga a la concesión o no, siempre con responsabilidad, respetando el contexto jurídico de dicho contrato y respetando el derecho de la empresa favorecida a réplica”, dijo Erick Tejada, ministro de Energía.
Petróleo
El ministro de Energía aclaró que el convenio firmado hace unos días con la empresa mexicana Pemex está orientado por ahora a la formación profesional de hondureños, y así será mientras la concesión siga vigente. Reiteró el respeto a los pueblos originarios históricamente postergados.
Aclaró que los estudios hasta ahora han sido exploratorios y no invasivos. “No se ha realizado oficialmente ninguna explotación en la zona marítima de La Mosquitia”.
Aseguró que no se ejecutará ninguna acción exploratoria y mucho menos de explotación sin consultarlo de forma adecuada con las comunidades y consejos territoriales respectivos.
El líder misquito manifestó que “nuestra postura es que si en este año quieren iniciar el proceso de la exploración de petróleo deben respetar la ley, se debe iniciar la consulta previa, libre e informada dirigida a la población de La Mosquitia”.
Urtecho dijo que apoyará la decisión de los pueblos, siempre y cuando se haga la consulta a las comunidades.
