Proveedores del Consejo Nacional Electoral (CNE) permanecen sin recibir el pago por los servicios prestados durante las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025, debido al secuestro de documentos ejecutado por el Ministerio Público (MP).
Esta acción fue realizada como parte de una investigación liderada por la Unidad Especializada Contra los Delitos Electorales (Uecde), una dependencia del MP, que indaga un presunto uso indebido de fondos en el órgano electoral.
Según el requerimiento fiscal, se investiga una supuesta contratación fraudulenta para el transporte del material electoral, proceso mediante el cual el Estado habría sido defraudado por un monto de 64,789,021 lempiras.
De acuerdo con la información disponible, también se sigue una línea de investigación relacionada con la contratación de imprentas encargadas de la producción de las papeletas electorales.
Estas empresas estarían implicadas en posibles irregularidades que habrían ocasionado perjuicio al erario público, tanto en el proceso de contratación como en la prestación de los servicios.
Aumento de incertidumbre para los proveedores del CNE
El proceso investigativo mantiene en incertidumbre a las compañías que brindaron dichos servicios al CNE, incluyendo firmas de transporte que no han logrado cumplir con sus compromisos laborales, al no haberse efectuado los desembolsos correspondientes como consecuencia de las diligencias del Ministerio Público.
Las autoridades del MP informaron que actualmente se encuentran de vacaciones y que no hay por los momentos personal de la Unidad disponible para brindar declaraciones sobre el avance de la investigación.
Acusados por el Ministerio Público
Dentro del proceso judicial abierto, el MP ha judicializado a Carlos Salomón Fonseca Robles, representante de la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., la cual prestó el servicio de traslado de maletas electorales.
En declaraciones públicas, Fonseca expresó estar desesperado ante la falta de pago por parte del CNE, ya que no ha podido cubrir las obligaciones salariales con sus empleados.
También se encuentra involucrado Raúl Amílcar Rivera Montoya, miembro de la Comisión Evaluadora de Transporte del CNE, a quien se le supone responsable de violación a los deberes de los funcionarios, fraude y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones.
Ambos implicados se defienden en libertad, luego de que sus respectivas defensas legales interpusieran recursos de apelación contra el auto de formal procesamiento con prisión preventiva dictado en las audiencias iniciales.
