Las diputadas Merary Díaz, Francis Argeñal y María Antonieta Mejía interpusieron este jueves un recurso de inconstitucionalidad por vía de acción ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contra de la Resolución 001-2025-CP/CN con la que la junta directiva del Congreso Nacional instaló la cuestionada comisión permanente.
Según el recurso, la resolución impugnada incurre en violaciones constitucionales, presenta vicios de forma y contenido y excede la naturaleza de un acto administrativo.
Las congresistas señalan que la decisión de la junta directiva rompe con el sistema democrático, representativo y republicano establecido en la Constitución.
El documento pide a la Sala de lo Constitucional ejercer su control para proteger el orden constitucional, argumentando que la comisión permanente fue instalada “sin observar los principios y reglas establecidos por la Constitución y la ley”.
Además, destacan que esta acción se ejecutó sin competencia suficiente, por lo que debe ser expulsada del ordenamiento jurídico hondureño.
El recurso también denuncia una omisión legislativa al no haberse discutido el Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2026.
Según las diputadas, esta falta de deliberación constituye una violación directa al proceso democrático y genera incertidumbre en el funcionamiento del Estado.
Las diputadas solicitan medidas cautelares urgentes para suspender los efectos de la comisión permanente mientras se estudia la constitucionalidad de la resolución. Aseguran que permitir su funcionamiento afectaría la legalidad y la institucionalidad del Congreso Nacional.
Entre los argumentos planteados, el recurso subraya que la instalación de la comisión permanente solo puede hacerse bajo circunstancias y procedimientos regulados expresamente por la Constitución, lo que no ocurrió en este caso.
También señalan que el contenido de la resolución altera la composición y funciones del Congreso en perjuicio del principio de separación de poderes.
Finalmente, el escrito enumera los artículos de la resolución que a su criterio deben ser declarados inconstitucionales y expulsados del orden jurídico, haciendo énfasis en que la junta directiva actuó sin atribuciones para emitir tal disposición.
La Sala de lo Constitucional deberá analizar el documento y determinar si admite el recurso para su estudio, en medio de una creciente controversia política por el funcionamiento del Poder Legislativo.
