Manuel Pacheco, titular de la Dirección Nacional de la Defensa Pública, comentó recientemente que Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, pedido en extradición por la justicia estadounidense, tiene únicamente abogados defensores públicos porque “no cuenta con los recursos” para una defensa privada.
Bonilla Valladares pidió una defensa pública tras comparecer a la audiencia de información el 10 de marzo, pues alegó que no tenía los fondos suficientes como para costear abogados privados.
“El derecho a la defensa es inviolable, si una persona manifiesta que quiere los servicios de la defensa pública para que lo representen en cualquier causa, sea penal o de cualquier otra naturaleza, pues se le brinda. Se le asignó dos buenos defensores públicos, de mucha experiencia”, expuso Pacheco.
“El Tigre” Bonilla permanece en el Primer Batallón de Infantería a la espera de la audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba, fijada para 8 de abril a las 10:00 am, fecha cuando un magistrado decidirá si otorga finalmente la extradición hacia los Estados Unidos.
Las fuerzas de seguridad de Honduras capturaron el pasado 10 de marzo al exjefe de la Policía Nacional, quien es acusado y solicitado en extradición por Estados Unidos por tres cargos relacionados con el narcotráfico.
Bonilla Valladares fue detenido durante una operación policial en Zambrano, unos 30 kilómetros al norte de Tegucigalpa, la capital de Honduras.
La Fiscalía de Nueva York acusó en abril de 2020 de tres cargos relacionados con el narcotráfico al exjefe de la Policía hondureña, por lo que podría enfrentar un máximo de cadena perpetua y los que además involucran al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández.
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El fiscal del distrito de Manhattan, Geoffrey Berman, explicó en un comunicado difundido en 2020 que Bonilla Valladares jugó un “papel clave en una conspiración internacional de tráfico de drogas” y cometió delitos en nombre del exdiputado “Tony” Hernández, condenado, “y de su hermano el presidente”, en referencia al ahora exgobernante Juan Orlando Hernández, entre ellos “el asesinato de un traficante rival”.
Bonilla Valladares, según las autoridades de Estados Unidos, abusó de su cargo para violar la Ley y “supervisó el envío de múltiples toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, usó ametralladoras y otras armas para conseguirlo, y participó en violencia extrema, incluyendo el asesinato de un traficante rival, para impulsar la conspiración”.
La Fiscalía citó en la imputación del exjefe de la Policía hondureña las “pruebas presentadas” en el juicio celebrado el pasado octubre de 2019 en Nueva York contra “Tony” Hernández y las “declaraciones hechas ante el tribunal”, en las que se alegó que varias organizaciones de narcotráfico tuvieron “apoyo” de políticos y agentes del orden en Honduras entre 2003 y 2020.
Bonilla Valladares, que ejerció el cargo de jefe de la Policía Nacional entre 2012 y 2013, ha negado la acusación y en abril de 2020 dijo a un canal de la televisión hondureña que estaba dispuesto a presentarse a cualquier parte que lo llamen para demostrar que es inocente de los cargos que le imputa la Fiscalía de Nueva York.
Señaló además que las acusaciones en Nueva York podrían ser una venganza de Alexander Hernández, quien fue testigo ante la Fiscalía de Nueva York, en el juicio contra “Tony” Hernández.
