Polémica ha generado entre algunos diputados la aprobación en el Congreso Nacional del contrato que establece la donación y el uso de un software al Instituto Nacional Agrario (INA) por parte de la empresa denominada DelNorte para digitalizar y agilizar los trámites de titulación de propiedades en Honduras.
Durante la reunión virtual del viernes 2 de julio, los parlamentarios aprobaron en un solo debate el decreto que fue presentado por la diputada Waleska Zelaya.
El decreto establece que el 18 de mayo el INA y la empresa DelNorte suscribieron el contrato de donación para el uso del software para la implementación y desarrollo de plataforma de administración de la propiedad, el cual tiene como objeto la donación de la licencia de usuario del programa denominado DelNorte, mismo que será utilizado para desarrollar el registro agrario del INA, al igual que la digitalización de los archivos que componen la secretaría general, el archivo general, la deuda agraria y el banco de tierras.
La plataforma utiliza la licencia de tecnología blockchain, facilitada en carácter de donación por la empresa. De acuerdo con el decreto, el uso del software “revolucionará la manera de realizar los trámites de titulación de propiedades en el país y permitirá que los trámites de registros sean más expeditos en comparación al registro que lleva en la actualidad el INA”.
Peligra el país
Varios diputados están en contra de la aprobación del decreto, pues consideran que se está poniendo en riesgo el territorio hondureño.
Doris Gutiérrez, quien fue parte de la comisión de dictamen, manifestó que en ningún momento la comisión leyó o analizó el convenio que la empresa suscribió con el INA. “El decreto solo dice que se acepta el software y se aprueba el convenio, pero la comisión nunca vimos el contrato. No sabemos las implicaciones que tiene en el tema del territorio, que es un elemento sagrado. Cómo sabremos que ese contrato no rompe el convenio con la OIT o si no privatiza las tierras”, dijo la diputada, quien durante la reunión aclaró que el contrato no fue analizado por la comisión.
Gutiérrez agregó que hay una gran cantidad de tierras que no están adjudicadas legalmente y corren el riesgo de ser vendidas a personas o empresas. “Quieren terminar de partir en pedazos el territorio y venderlo”, expresó.
El partido Pinu emitió un comunicado en el que rechaza la aprobación del decreto.
Vinculado a las zede
Por su parte, el diputado Luis Redondo indicó que la donación está vinculado a las zonas de empleo y desarrollo (zede). Además, criticó la forma en que fue aprobado el proyecto. “Se negó el uso de la palabra a los diputados, tanto en la discusión del dictamen como también en la reconsideración del acta, además, se ocultó información al pleno con el contenido del supuesto contrato, tal como se puede apreciar en la redacción del dictamen, donde se lee ‘contrato…’; sin embargo, no fue mostrado ni a la comisión ni tampoco fue enviado al pleno de los 128 diputados”, detalló el diputado.
Redondo, quien además es experto informático, manifestó que con la plataforma la empresa propietaria del software puede modificar o borrar títulos de propiedad.
De acuerdo con el dictamen, la donación del proyecto tiene una duración de 48 meses, por lo que Redondo cuestionó qué va a pasar al finalizar el período. “Si es una donación no debe ser por un tiempo definido, no sabemos qué va a pasar después de ese tiempo, cuánto va a costar todos los registros de las propiedades del país en esos servidores, que no sabemos si realmente es seguro; después de los 48 meses cuánto van a cobrar”, dijo.
Patricia Murillo, diputada por el Partido Libertad y Refundación (Libre), indicó que “los temas de tierra son de seguridad nacional, por lo que deben ser bien analizados. “Intuimos que sí hay un trasfondo perverso para la patria, posiblemente ligado a las zede y a la destrucción de la soberanía”, argumentó.
Simplificación
Por su parte, el director del INA, Ramón Lara, defendió el convenio y dijo que no hay nigún trasfondo, solamente se busca simplificar y agilizar los trámites en la institución. “Es un convenio de donación de un programa para mejorar todo el manejo de la información en la institución, ya que hay mucho riesgo de que se pierda, no solo por robo, sino por el daño que puede sufrir por estar almacenada por muchos años”, manifestó.
Añadió que con la utilización del sistema, el INA no perderá ninguna de sus competencias para la titulación de tierras.
“Se va a digitalizar toda la información, los expedientes. Es una tecnología segura que no se puede cambiar o borrar porque utiliza blockchain y no va a costar ningún centavo. Es gratis para el Estado y para el INA”.
Lara dijo que el software será manejado por los empleados y que un representante de la empresa los capacitará en el uso del mismo y se espera que la plataforma comience a funcionar durante la nueva administración.
El decreto que establece la aprobación del contrato aún no ha sido publicado en el Diario Oficial La Gaceta.