Rebeca Ráquel, presidenta del Poder Judicial, tomó la determinación de suspender por 90 días del cargo y sin el goce de su salario mensual al juez de Letras Plinio Leonel Consuegra Mondragón.
En ese poder del Estado argumentan que la decisión adoptada por la máxima autoridad está apegada a la Ley Orgánica del Poder Judicial y los cimientos de esa resolución administrativa están en la reincidencia de denuncias que penden sobre este funcionario.
Según el togado Plinio Consuegra, esa sanción violenta el principio de independencia judicial que tienen los jueces y que debería de respetarse, sin importar cuáles son sus veredictos y sobre quiénes son dictados.
El juez Plinio Consuegra conoció la causa en su etapa inicial, en la que se acusa de asesinato y tentativa de asesinato a los exjefes militares Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes Suazo y Carlos Puerto Fúnez.
Melvin Duarte, vocero del Poder Judicial, señaló que la decisión de Ráquel no tiene nada que ver con esa resolución de Plinio Leonel, "si no por conductas procesales que fueron denunciadas y que fueron seguidas mediante proceso de investigación por parte de Supervisión General y que siguió todo el proceso, ya que Supervisión lo declaró con mérito".
La investigación que envuelve el desempeño laboral del juez llegó hasta la Dirección de Personal del Poder Judicial, Unidad que recomendó a la presidencia la cancelación total del acuerdo de Plinio Consuegra.
"Sin embargo, la presidenta (Rebeca Ráquel), luego de haber analizado los argumentos de la Unidad Técnico Jurídica del Poder Judicial, determinó que la sanción más equilibrada y justa era la suspensión de tres meses y es la que ha sido señalada por parte de presidencia", detalló Duarte.
Anteriormente el juez de letras Plinio Consuegra fue objeto de una sanción por una causa que comenzó a investigarse desde 2018; en ese momento se le aplicó una sanción de suspensión de labores de un mes. Una denuncia más en su contra fue enviada para ser investigada por el Ministerio Público (MP) y una tercera está en proceso de investigación por parte del Poder Judicial.
En su defensa, el juez exteriorizó: "Como que si uno no tuviera familia, como que si uno no tiene hijos pequeños, como que si uno no tiene responsabilidades económicas. Esto atenta contra el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); esa es una sanción ilegal porque es inconstitucional".
