El gobierno de Porfirio Lobo Sosa comenzará la ejecución del Plan de Nación que reconocidas personalidades nacionales vienen tejiendo desde 1998 para que Honduras logre el desarrollo integral.
El primer objetivo de la que ahora es ley es lograr erradicar la pobreza extrema, tener ciudadanos educados, sanos y con sistemas consolidados de previsión social al año 2,022.
El Plan fue aprobado por el Congreso Nacional obedeciendo a la reforma que se le hizo al artículo 329 constitucional en 2008, que estableció que el desarrollo integral del país debía realizarse conforme a un proceso planificado, cuyo cumplimiento es obligatorio, creando una ley especial.
Reconocidos diputados como Toribio Aguilera, del Pinu, Ramón Velásquez Nassar, de Democracia Cristiana, el ex ministro de Gobernación, Víctor Meza y la ex ministra de finanzas, Gabriela Núñez, entre otros, trabajaron en el primer diseño del proyecto.
En el proceso de diálogo y reconciliación nacional iniciado después del proceso electoral, Lobo Sosa pidió que la visión de país fuera desarrollada en un Plan de Nación, armónico e incluyente y con base en una serie de esfuerzos realizados a partir de 1988 y hasta 2009, que estuvieron basados en la opinión de varios sectores de la población.
“Fueron muchas personas que trabajaron en el proyecto. En la última revisión participaron la consultora independiente, Ana Cristina Pereira, Rodulio Perdomo, Julio Raudales, Gustavo Alfaro, y su servidor como coordinador.
Personas que trabajan en diferentes embajadas e instituciones. Lo que hicimos fue recolectar los documentos elaborados desde 1998 y se estructuró en base a eso lo que aprobó el Congreso”, explicó, Arturo Corrales, coordinador y encargado de socializar el Plan de Nación.
En el desarrollo del proyecto estarán integrados los tres poderes del Estado y las organizaciones políticas, económicas, sociales, en una formulación “incluyente y participativa”.
Para establecer los objetivos se ha tomado en cuenta el crecimiento de la población que apunta a que en 2040 Honduras tendrá 12.9 millones de habitantes y que la edad promedio de la población irá aumentando de manera que la mayoría oscilará entre 10 y 49 años, lo cual demandará recursos, servicios, educación, ocupación, recreación y vivienda.
Desarollo económico
El proceso de planeación de desarrollo constará de tres elementos complementarios entre sí: la visión de país, que contiene las cuatro metas de prioridad nacional para la gestión del desarrollo social y económico. Esas metas deberán lograrse mediante lineamientos estratégicos medibles gracias a indicadores específicos.
El Plan de Nación también supone una regionalización del país en función de las cuencas hidrográficas principales del país, considerando sus capacidades y necesidades particulares e integrando a la población de cada región.
La regionalización del país para este proceso no sustituye la división política, no exime de sus responsabilidades, deberes y derechos a las municipalidades y deberá incorporarse como un eje de las políticas públicas y a los programas de cooperación internacional que se ejecuten a nivel nacional.
La regionalización también facilitará la asignación de fondos para los proyectos.
El desarrollo económico y social establece un sistema de incentivos adecuados incluyendo la aplicación de un régimen tributario progresivo que sirva para financiar un nivel de bienestar a los sectores más desposeídos.
A la vez, el sistema productivo descansará principalmente en el funcionamiento de mercados eficientes, sin barreras de entrada y salida, con buena información y canales de distribución que favorezcan la formación de precios justos que incentiven la inversión y generación de empleo.
El proceso de desarrollo deberá basarse en el uso y explotación nacional de los recursos nacionales, naturales y otros existentes y por desarrollar.
En consecuencia, sus respectivos usos estarán sujetos a la política que determine el Poder Ejecutivo, a propuesta del Consejo del Plan de Nacional con la participación de las instancias regionales establecidas en la ley.
La formulación de la política macroeconómica y la política exterior, la operación de la administración de justicia, seguridad interna, la defensa de la soberanía y fronteras, la integridad del territorio nacional, inversión pública, la formulación de los presupuestos públicos plurianuales y las políticas sectoriales para el fomento de las actividades productivas son potestades constitucionales del Poder Ejecutivo, sin menoscabo de los procesos de diálogo que convoque sobre esos temas.
Las regiones
La primera región la compone el Valle de Sula. Comprende las cuencas hidrográficas de los ríos Ulúa, Chamelecón y Motagua. La segunda región, o es la de Valle de Leán o el Caribe hondureño, comprende las cuencas hidrográficas del río Aguán y Sico Paulaya.
La tercera región o de la biosfera comprende las cuencas de los ríos Patuca, Plátano, Coco o Segovia, Warunta, Nakunta, Cruta y Morocón. La cuarta región la integran las cuencas de los ríos Choluteca, Goascorán, Nacome, Negro y Sampile. La quinta región contempla la cuenca del río Lempa. La sexta región o del arrecife mesoaemericano comprende las Islas de la Bahía.
Las regiones se dividirán en subregiones. Los municipios comprendidos en cada una serán identificados por la Dirección General de Ordenamiento Territorial. Para el desarrollo del proceso de planeación, la Presidencia de la República contará con el concurso de las siguientes instancias: Consejo del Plan de Nación, dependiente del Presidente; Consejo Nacional de Competitividad e Innovación, los gabinetes sectoriales y los consejos de desarrollo regional.
Los consejos regionales serán las instancias de diálogo y concertación entre el Gobierno, sociedad civil, Municipalidad y comunidad cooperante, orientada hacia el análisis sectorial y la formulación de propuestas que faciliten una gestión pública más efectiva, ordenada y transparente en cada zona.
Sus miembros son los que indicarán las brechas a cubrir, formular propuestas y canalizarlas al consejo del Plan de Nación.
Integración
El Consejo del Plan de Nación estará integrado de la forma siguiente: el Presidente de la República lo presidirá; el secretario de Estado en el despacho de la Presidencia, un representante de cada consejo regional, un representante de las diferentes confederaciones de trabajadores y de todas las organizaciones gremiales y empresariales.
Para asesorar a la Presidencia sobre los planes de desarrollo establecidos en el Plan, funcionará la Secretaría Técnica de Planeación y Cooperación Externa, dependiente de la Presidencia. Aún no se ha anunciado quién dirigirá esta cartera.
Esa dependencia observará los pasivos y activos de la Secretaría Técnica de Cooperación, Setco.
Además se creará la subsecretaría Técnica de Planeación y Desarrollo como dependencia de la secretaría en mención y absorberá los activos y pasivos de la Unidad de Apoyo Técnico, Unat, y dará seguimiento a la ejecución del Plan de Nación.
Corrales explicó que la Secretaría Técnica se encargará sólo de la planificación y no ejecutará.
“Realmente la Secretaría en sí no va a ejecutar nada, se va a dedicar en exclusiva a la planeación. Las unidades que se absorbieron eran sólo diseñadoras, y si hay un programa alterno que ejecuta tiene que volver a las unidades que sí ejecutan”.
El Consejo será representado en cada región por un comisionado regional que será nombrado por el Presidente de la República. Tendrá la función de velar por el correcto funcionamiento de los consejos regionales y dar seguimiento a las iniciativas y acciones realizadas en respuesta a la problemática de las zonas.
Presupuestos
La ley establece que en la formulación del Presupuesto General de la República y en los presupuestos de las instituciones descentralizadas y desconcentradas del Estado deberán tomarse en consideración los requerimientos en materia de gastos e inversiones derivados de la ejecución de los planes de nación en las regiones establecidas.
La estructura presupuestaria deberá modificarse gradualmente mediante un sistema de codificación que permita identificar claramente la asignación de recursos para el cumplimiento del Plan de Nación.
Los recursos presupuestarios, pasivos y activos de la Unat, Setco, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Concit, la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula y la Dirección de Ordenamiento Territorial deberán asignarse a la Secretaría de Planeación y Cooperación Externa a partir del Presupuesto General de Ingresos y Egresos que se formule para 2010.
“Todas esas unidades que estaban con un aproximado de plazas de 350 personas, cada unidad no va a contar ni con cien personas. Los comisionados regionales trabajarán con las alcaldías y sociedad civil. Descentraliza la acción de planificación, la convierte en doble vía y habrá retroalimentación”, señaló Corrales.
La Secretaría de Estado en los despachos de Finanzas deberá destinar cinco millones de dólares anuales durante los primeros cuatro años del proceso de planeación y cuatro millones de dólares durante el quinto al duodécimo año para el financiamiento de la promoción de la imagen de país, exportaciones, turismo, inversión extranjera.
Esos recursos deberán incluirse también en los presupuestos anuales de la Secretaría Técnica de Planeación y Cooperación Externa.
