La industria de la pesca de langosta espinosa ha llegado a un punto de quiebre. Como gremio, llevan meses alertando sobre pesca ilegal realizada por embarcaciones dedicadas a la extracción de pepino de mar y caracol en aguas de Islas de la Bahía.
Ante la falta de respuestas, el sector decidió movilizar toda su flota hacia Puerto Cortés para ejecutar un bloqueo total de las operaciones portuarias si el Gobierno de la República no brinda una respuesta concreta antes del próximo 18 de junio.
Los armadores y dirigentes del sector alzaron la voz ante lo que consideran un desamparo sistemático por parte del Estado.
“Estamos haciendo esta denuncia porque la pesca en Roatán está a punto de desaparecer y está en riesgo una inversión de millones de dólares. No entendemos por qué el Estado está desamparando a una industria que por años ha brindado ingresos en divisas al Gobierno”, declaró Edith Tuguall, representante del gremio.
La disparidad económica, de acuerdo con los pescadores, es notable: mientras la industria de la langosta genera aproximadamente 62.5 millones de dólares anuales en divisas para el país, la industria del pepino de mar apenas aporta 2.5 millones.
A pesar de esta diferencia, los pescadores denuncian que las autoridades han priorizado los intereses de los pepineros.
Según el sector afectado, se han sostenido múltiples reuniones en Tegucigalpa con la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
En dichas mesas de trabajo, aseguran, se acordó implementar un sistema de pesca integrada y combatir frontalmente la pesca ilegal; sin embargo, los compromisos no se han concretado.
“Autorizaron más tiempo para la pesca de pepino y ellos pescan langosta. Queremos una cuota igualitaria para la pesca industrial y artesanal”, agregó Tuguall, quien denunció además que las embarcaciones pepineras están utilizando sus permisos para capturar ilegalmente langosta, depredando el recurso marino.
La exigencia central del gremio es la unificación de la veda, medida que, aseguran, evitaría afectaciones económicas para cualquier sector. Ante el silencio gubernamental, la medida de presión se mantiene firme.
“Los armadores hemos decidido ir a Puerto Cortés e impedir el ingreso de las embarcaciones al puerto si no se nos da una respuesta. Por primera vez, todas las embarcaciones de Roatán, Guanaja, Utila y Santos Guardiola estaremos presentes en Puerto Cortés si el Gobierno no nos atiende antes del 18 de junio. Esto ya llegó al límite”, finalizó Tuguall.
El sector pesquero concluyó su comunicado subrayando que no busca privilegios, sino el respeto a sus derechos y la protección de un recurso que sostiene la economía de miles de familias en el departamento insular.
La decisión queda ahora en manos del Gobierno de la República, que tiene menos de una semana para evitar un conflicto logístico de gran escala en la principal terminal portuaria del país.
