El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) emitió este jueves una alerta temprana sobre los obstáculos en el proceso de investigación criminal y persecución del delito por el paro de labores que mantienen empleados del Ministerio Público desde hace más de un mes.
La alerta busca advertir a las autoridades de que la paralización de labores del Ministerio Público podría derivar en “obstaculizaciones significativas a los procesos de investigación criminal y persecución del delito”, según un comunicado del organismo de derechos humanos.
Fiscales, investigadores y médicos forenses mantienen un paro de labores desde hace más de un mes para exigir un aumento de los salarios, situación que ha afectado el levantamiento e identificación de cadáveres, y la investigación de hechos criminales.
El Conadeh indicó que reconoce “la legitimidad” de los reclamos de los manifestantes que buscan “condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo”, lo que implica una remuneración que les asegure “condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual”.
Destacó además que el Estado de Honduras está “obligado a respetar, proteger y satisfacer los derechos laborales” de sus empleados, así como a adoptar medidas que le permitan garantizar el pleno ejercicio del derecho a condiciones dignas de trabajo.
El organismo hondureño ve con “preocupación” que el paro de labores del empleados del Ministerio Público derive en una “inactivación de atribuciones constitucionales exclusivas de este órgano del Estado, especialmente el deber de investigación de los hechos criminales con la debida diligencia para impedir la pérdida de pruebas que pueden resultar fundamentales para la determinación de responsabilidad y la persecución penal”.
La negación de los manifestantes a realizar el levantamiento de cadáveres y otras actividades del Ministerio Público “es contraria” al contenido de los instrumentos internacionales de derechos humanos y “compromete la responsabilidad internacional” del Estado de Honduras por hechos “ilícitos reclamados” por particulares ante órganos con jurisdicción internacional, añade.
El Comisionado de Derechos Humanos instó a Honduras a adoptar las medidas necesarias para resolver la crisis en el Ministerio Público para que “no se comprometa la responsabilidad internacional del Estado por acciones u omisiones de sus agentes que se contraponen a los derechos humanos”.
