Organizaciones campesinas e indígenas interpusieron una acción constitucional de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la protección de 217 territorios a nivel nacional.
El recurso surge ante las amenazas que, según los protestantes, representa la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras, aprobada por el Congreso Nacional el pasado 3 de junio.
“Se presentó un hábeas corpus para proteger 217 territorios de diferentes partes del país, de los departamentos de Valle, Choluteca, La Paz, Intibucá, Islas de la Bahía, Copán, Santa Bárbara y Olancho, diferentes partes del país, territorios que están en riesgo”, declaró Eddy Tábora, abogado defensor.
Tábora explicó que la acción se dirige contra autoridades de los tres poderes del Estado y del Ministerio Público, incluyendo Nasry Asfura, presidente de la República, las Fuerzas Armadas, el Congreso Nacional, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, por su presunta responsabilidad directa en la eventual implementación de medidas que podrían derivar en desalojos forzosos.
Obligación inmediata de la Sala de lo Constitucional
Sobre el papel del Poder Judicial, Tábora señaló que la Constitución y la Ley sobre Justicia Constitucional obligan al Poder Judicial a "actuar de manera inmediata".
“La Constitución es clara y la Ley sobre Justicia Constitucional también. La función es proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas que invocan este proceso. Tienen una obligación de responder de manera inmediata, de nombrar todos aquellos jueces ejecutores necesarios para entrevistar a todas las personas sobre las cuales se está presentando este hábeas corpus y, de igual manera, exigir los informes necesarios a todas las autoridades contra las cuales está presentado”, manifestó.
Sobre el caso
El hábeas corpus es una garantía constitucional que protege la libertad personal de los ciudadanos frente a detenciones ilegales o cualquier amenaza contra ese derecho fundamental.
El recurso permite que una persona, familiares o cualquier ciudadano soliciten la intervención inmediata de un juez para revisar la legalidad de una detención o prevenir una eventual vulneración de la libertad individual.
El hábeas corpus puede presentarse cuando una persona considera que existe una amenaza real e inminente de que se produzcan detenciones arbitrarias, desalojos forzosos u otras acciones que afecten derechos fundamentales.
