Una nueva orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos generará un efecto negativo contundente sobre los flujos de remesas hacia Centroamérica al imponer una vigilancia estricta que complicará el envío de dinero por parte de migrantes indocumentados y reducirá el acceso seguro a los canales financieros formales.
El Gobierno de Estados Unidos adoptó el 19 de mayo de 2026 mediante la firma del presidente Donald Trump la orden ejecutiva titulada Restoring Integrity to America’s Financial System (Restaurando la integridad del sistema financiero de Estados Unidos).
Esta orden exige a los bancos y a los prestadores de servicios financieros una diligencia debida más rigurosa para identificar y mitigar riesgos asociados a poblaciones sin autorización de trabajo.
La medida obliga a las instituciones a detectar patrones sospechosos en transferencias transfronterizas de bajo monto que involucren documentos de identidad extranjeros o números ITIN (Individual Taxpayer Identification Number, Número de Identificación Personal del Contribuyente) sin verificación de estatus migratorio laboral.
Los reguladores federales deben emitir directrices específicas que fortalezcan los programas de identificación de clientes y la supervisión de plataformas de pago.
El economista hondureño Wilfredo Díaz advierte que “el punto álgido de esta orden ejecutiva es que se instruye a entidades financieras a fortalecer procesos de conoce a tu cliente (Know Your Customer), que se utiliza hasta cierto punto contra el lavado de activos.
Dentro de este fortalecimiento está considerar el estatus migratorio como factor de riesgo financiero, así como identificar patrones sospechosos.
60
días
tendrá el Tesoro para emitir una advertencia al sistema financiero sobre los riesgos asociados a personas en situación migratoria irregular.
Si bien es cierto que esto no prohíbe las remesas, sí aumenta el costo regulatorio y el riesgo de cumplimiento de las entidades financieras”.
“Esto puede tener varias consecuencias, una es la informalización del flujo de remesas; es decir, que las personas que no tienen estatus migratorio “normal” en Estados Unidos buscarán otras formas de enviar sus remesas.
Esto sería un poco paradójico por que aumentaría el problema de trazabilidad de estos flujos financieros. También posiblemente exista un mayor costo para enviar remesas, así como podría haber más restricciones en cuanto a montos”, expresa el consultor.
Agrega que “en cuanto al flujo de remesas, según mi criterio, es que podría aumentar en los próximos días de manera significativa debido a está amenaza (las personas enviarán anticipadamente todo lo que puedan).
180
días
tendrá el secretario del Tesoro para reformar la reglamentación de la Ley de Secreto Bancario.
Posteriormente se podría ver una reducción por lo menos en volumen respecto a los canales formales, por lo que se volverá más difícil dar seguimiento a estos flujos.
Por otro lado, puede que ser que el Congreso o la Corte reviertan esta orden ejecutiva (similar a lo de los aranceles); por ejemplo, podría ser que se límite o se tenga que modificar esta orden debido a que la restricción por estatus migratorio es discriminatoria, pero es incierto saber si esta situación se pueda dar”.
Actualmente, los emigrantes emplean no solo remesadoras tradicionales, sino también servicios electrónicos de diversas empresas que facilitan el envío de dinero de forma sencilla a través de WhatsApp o aplicaciones móviles.
Estas facilidades corren el riesgo de bloquearse bajo la nueva decisión porque el Gobierno exige a bancos y prestadores de servicios una verificación intensificada de identidad y estatus migratorio en las transacciones.
Las remesas enviadas a Honduras crecieron de manera sostenida y notable en los últimos cinco años, pasaron de $5,740 millones (2020) a $12,212 millones (2025), de acuerdo con la balanza de cambiaria del Banco Central de Honduras (BCH), y hasta abril de 2026 el flujo había alcanzado $4,134.2 millones, cantidad superior a la contabilizada en igual período del año pasado: $3,617.5
Este incremento constante reflejó una fuerte recuperación económica pospandemia en Estados Unido y posteriormente un envión impulsado por una mayor población de hondureños en ese país que incrementaron los envíos ante la ofensiva migratoria decretada por Trump desde su primer año de mandato.
Esta situación no solo perjudica economías como la hondureña, que depende de las remesas en un alto porcentaje del PIB, sino que también genera presiones similares en países vecinos de la región centroamericana.
