Tegucigalpa, Honduras.
El nuevo modelo de protección y seguridad social propuesto por el Gobierno pretende incorporar a unos 600 mil hondureños que hasta ahora han estado al margen de los beneficios del Seguro Social y con ello aumentar el número de afiliados a 1.2 millones de personas; aunque la empresa privada ve con recelo dicha iniciativa y pide un mayor análisis.
El presidente Juan Orlando Hernández turnó el miércoles pasado al Congreso Nacional la nueva ley marco del sistema de protección social que sustituirá la Ley del Instituto de Seguridad Social (IHSS), con lo cual se pretende universalizar los servicios e incluir a sectores desprotegidos, como taxistas, pastores, sacerdotes, empleadas domésticas, zapateros, carpinteros, sastres, entre otros.
Diversos sectores consultados por LA PRENSA observaron con optimismo la iniciativa, pero indicaron que es muy prematuro hacer una valoración detallada de la misma porque habrá que revisar con lupa la “letra menuda” del proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo.
Roberto Carlos Salinas, miembro de la comisión interventora del IHSS, indicó que este proyecto conlleva la transformación total del sistema de seguridad social del país porque producirá un “modelo digno y de primer mundo para Honduras”.
La propuesta de ley busca ordenar e implementar gradualmente un sistema universal de protección social, que garantice ingresos dignos y asegure acceso a servicios de salud de forma oportuna, con calidad y suficiencia de medicamentos para todos los beneficiados.
Sistema mixto
Se trata de un sistema mixto multipolar en cuya base o primer nivel se crea un conjunto de prestaciones y servicios para los afiliados; en el segundo nivel denominado pilar facultativo o de transición se crean planes para los trabajadores independientes; el tercero desarrolla un plan de capitalización colectiva, y en el cuarto piso, un plan complementario de capitalización individual.
“Puedo resumirlo en una sola frase: orden y justicia social de los beneficios, programas y planes del sistema de protección social”, dijo Salinas.
El primer nivel consiste en un pilar no contributivo, que busca garantizar el acceso a prestaciones y servicios esenciales a la población que no recibe un beneficio de ningún sistema previsional y que se encuentran en situación de extrema pobreza y alta vulnerabilidad.
El segundo pilar ofrece planes de cobertura especial para el aseguramiento de personas no asalariadas o trabajadores independientes, tales como miembros de asociaciones gremiales o étnicas, miembros de cooperativas de producción o empresas asociativas, ministros de cualquier culto religioso y hondureños emigrantes.
Para estos segmentos se crearán esquemas previsionales financiados a través del monotributo o con susbisidios parciales otorgados por fondos solidarios del propio sistema, a fin de dar alternativas de aseguramiento que propicien el acceso a los sucesivos niveles de cobertura contributiva que ofrece el sistema.
El tercero se trata de régimen contributivo que otorgará un seguro integral de salud y beneficios previsionales a todos los trabajadores cotizantes y sus dependientes, como seguro Integral de la salud, seguro de invalidez, vejez y muerte, seguro de riesgos profesionales y otros que sean aprobados, previo dictamen favorable de la Comisión Nacional de Bancos.
El cuarto y último nivel estará constituido por el conjunto de prestaciones y servicios que en materia de cobertura laboral, seguros y pensiones, sean contratadas por los empleadores o trabajadores de forma complementaria a los demás pilares, de manera obligatoria o voluntariamente, así como por aquellas coberturas que administren instituciones especializadas por delegación de los diferentes regímenes de aseguramiento que constituyen el sistema.
El interventor explicó que este es un modelo multipolar basado en las mejores prácticas internacionales, que busca atender a todos los sectores del país.
Dijo que con este nuevo modelo se duplicará el número de afiliados en más de un 100%, es decir, que de 600 mil afiliados que hay en el IHSS se pasará a un 1.2 millones de personas bajo cobertura social en un período de cuatro años.
“Esa sería nuestra meta, sé que es una cifra ambiciosa, pero es lograble y podemos llegar al doble de afiliados en cuatro años”, dijo.
Empresarios piden análisis
Con respecto a este proyecto, los empresarios hondureños consideran que debe dársele un mayor estudio porque su incorrecta implementación puede generar costos que se conviertan en fuente de presiones fiscales impagables.
En un análisis preliminar de la propuesta de reforma a la seguridad social, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) hace varias observaciones y concluye en la necesidad de profundizar en el tema con las organizaciones obreras del país y el Poder Ejecutivo.
Entre otras cosas, los empresarios ven con preocupación las últimas iniciativas aprobadas por el Ejecutivo y Legislativo para allanar el camino a esta reforma, entre ellas el traslado de los fondos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) del Seguro Social a un fideicomiso al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi).
Otras iniciativas que el Gobierno ha emprendido y que los empresarios no ven oportunas sin el debido consenso son la discusión de la Ley de Reconocimiento de Cotizaciones Individuales de los Fondos de Pensiones del Sector Público, la tercerización de los servicios de salud del IHSS, sin haber tenido ningún acercamiento con los proveedores.
Aumento de cotizaciones
En el análisis preparado por el Cohep, los empresarios consideran que con esta reforma la aportación de un trabajador con un salario de 10,000 lempiras al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) aumentará de 840 a 3,000 lempiras, mientras que para el patrono pasará de 2,100 a 3,000 lempiras.
Es decir, que el trabajador en esa categoría tendrá un aumento de 2,160 lempiras y el patrono de 900.
Al respecto, Salinas no descartó que se tenga que hacer un ajuste a los costos de las cotizaciones en el futuro; pero aclaro que “no se van a hacer cambios en los niveles contributivos mientras no se tenga la certeza de que los beneficios serán de calidad, oportunos y accesibles”.
El nuevo modelo de protección y seguridad social propuesto por el Gobierno pretende incorporar a unos 600 mil hondureños que hasta ahora han estado al margen de los beneficios del Seguro Social y con ello aumentar el número de afiliados a 1.2 millones de personas; aunque la empresa privada ve con recelo dicha iniciativa y pide un mayor análisis.
El presidente Juan Orlando Hernández turnó el miércoles pasado al Congreso Nacional la nueva ley marco del sistema de protección social que sustituirá la Ley del Instituto de Seguridad Social (IHSS), con lo cual se pretende universalizar los servicios e incluir a sectores desprotegidos, como taxistas, pastores, sacerdotes, empleadas domésticas, zapateros, carpinteros, sastres, entre otros.
Diversos sectores consultados por LA PRENSA observaron con optimismo la iniciativa, pero indicaron que es muy prematuro hacer una valoración detallada de la misma porque habrá que revisar con lupa la “letra menuda” del proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo.
Roberto Carlos Salinas, miembro de la comisión interventora del IHSS, indicó que este proyecto conlleva la transformación total del sistema de seguridad social del país porque producirá un “modelo digno y de primer mundo para Honduras”.
La propuesta de ley busca ordenar e implementar gradualmente un sistema universal de protección social, que garantice ingresos dignos y asegure acceso a servicios de salud de forma oportuna, con calidad y suficiencia de medicamentos para todos los beneficiados.
Sistema mixto
Se trata de un sistema mixto multipolar en cuya base o primer nivel se crea un conjunto de prestaciones y servicios para los afiliados; en el segundo nivel denominado pilar facultativo o de transición se crean planes para los trabajadores independientes; el tercero desarrolla un plan de capitalización colectiva, y en el cuarto piso, un plan complementario de capitalización individual.
“Puedo resumirlo en una sola frase: orden y justicia social de los beneficios, programas y planes del sistema de protección social”, dijo Salinas.
El primer nivel consiste en un pilar no contributivo, que busca garantizar el acceso a prestaciones y servicios esenciales a la población que no recibe un beneficio de ningún sistema previsional y que se encuentran en situación de extrema pobreza y alta vulnerabilidad.
El segundo pilar ofrece planes de cobertura especial para el aseguramiento de personas no asalariadas o trabajadores independientes, tales como miembros de asociaciones gremiales o étnicas, miembros de cooperativas de producción o empresas asociativas, ministros de cualquier culto religioso y hondureños emigrantes.
Para estos segmentos se crearán esquemas previsionales financiados a través del monotributo o con susbisidios parciales otorgados por fondos solidarios del propio sistema, a fin de dar alternativas de aseguramiento que propicien el acceso a los sucesivos niveles de cobertura contributiva que ofrece el sistema.
El tercero se trata de régimen contributivo que otorgará un seguro integral de salud y beneficios previsionales a todos los trabajadores cotizantes y sus dependientes, como seguro Integral de la salud, seguro de invalidez, vejez y muerte, seguro de riesgos profesionales y otros que sean aprobados, previo dictamen favorable de la Comisión Nacional de Bancos.
El cuarto y último nivel estará constituido por el conjunto de prestaciones y servicios que en materia de cobertura laboral, seguros y pensiones, sean contratadas por los empleadores o trabajadores de forma complementaria a los demás pilares, de manera obligatoria o voluntariamente, así como por aquellas coberturas que administren instituciones especializadas por delegación de los diferentes regímenes de aseguramiento que constituyen el sistema.
El interventor explicó que este es un modelo multipolar basado en las mejores prácticas internacionales, que busca atender a todos los sectores del país.
Dijo que con este nuevo modelo se duplicará el número de afiliados en más de un 100%, es decir, que de 600 mil afiliados que hay en el IHSS se pasará a un 1.2 millones de personas bajo cobertura social en un período de cuatro años.
“Esa sería nuestra meta, sé que es una cifra ambiciosa, pero es lograble y podemos llegar al doble de afiliados en cuatro años”, dijo.
Empresarios piden análisis
Con respecto a este proyecto, los empresarios hondureños consideran que debe dársele un mayor estudio porque su incorrecta implementación puede generar costos que se conviertan en fuente de presiones fiscales impagables.
En un análisis preliminar de la propuesta de reforma a la seguridad social, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) hace varias observaciones y concluye en la necesidad de profundizar en el tema con las organizaciones obreras del país y el Poder Ejecutivo.
Entre otras cosas, los empresarios ven con preocupación las últimas iniciativas aprobadas por el Ejecutivo y Legislativo para allanar el camino a esta reforma, entre ellas el traslado de los fondos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) del Seguro Social a un fideicomiso al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi).
Otras iniciativas que el Gobierno ha emprendido y que los empresarios no ven oportunas sin el debido consenso son la discusión de la Ley de Reconocimiento de Cotizaciones Individuales de los Fondos de Pensiones del Sector Público, la tercerización de los servicios de salud del IHSS, sin haber tenido ningún acercamiento con los proveedores.
Aumento de cotizaciones
En el análisis preparado por el Cohep, los empresarios consideran que con esta reforma la aportación de un trabajador con un salario de 10,000 lempiras al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) aumentará de 840 a 3,000 lempiras, mientras que para el patrono pasará de 2,100 a 3,000 lempiras.
Es decir, que el trabajador en esa categoría tendrá un aumento de 2,160 lempiras y el patrono de 900.
Al respecto, Salinas no descartó que se tenga que hacer un ajuste a los costos de las cotizaciones en el futuro; pero aclaro que “no se van a hacer cambios en los niveles contributivos mientras no se tenga la certeza de que los beneficios serán de calidad, oportunos y accesibles”.
