El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) advirtió que el uso indebido de vehículos del Estado podría costar hasta 50 mil lempiras a los funcionarios que incumplan la normativa vigente.
Es por ello que el TSC recordó las disposiciones que regulan la administración de estos bienes públicos.
La entidad hizo un llamado a todas las instituciones del sector público para reforzar los controles y garantizar que los automotores asignados sean utilizados exclusivamente para actividades oficiales.
La medida abarca a dependencias centralizadas, descentralizadas y desconcentradas, así como a organismos constitucionales y gobiernos municipales, en un intento por uniformar criterios sobre el manejo de los recursos estatales.
Entre los lineamientos establecidos, el TSC enfatizó que los vehículos deben estar plenamente identificados, portando placas nacionales y distintivos visibles que incluyan franjas en colores azul, blanco y azul, junto a la leyenda "Propiedad del Estado de Honduras".
Además, cada unidad deberá mostrar el nombre o las siglas de la institución a la que pertenece, así como una numeración asignada para su control.
El ente fiscalizador también reiteró que estos automotores no pueden ser utilizados para fines personales ni para el traslado de familiares o actividades ajenas al servicio público.
De igual forma, se indicó que, al finalizar la jornada laboral, los vehículos deben permanecer en instalaciones oficiales, salvo en casos debidamente autorizados.
La circulación en días feriados o fuera del horario habitual queda restringida, a menos que exista una autorización escrita acompañada de una orden de trabajo que justifique su uso.
No obstante, el TSC aclaró que estas restricciones no aplican para situaciones de emergencia ni para instituciones vinculadas a servicios esenciales, seguridad, defensa o labores de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm).
El incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en sanciones económicas que van desde cinco mil hasta cincuenta mil lempiras, según lo establecido en la Ley Orgánica del TSC.
El incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en sanciones económicas que van desde cinco mil hasta cincuenta mil lempiras, según lo establecido en la Ley Orgánica del TSC.
Asimismo, las faltas podrían acarrear medidas administrativas adicionales, e incluso el decomiso del vehículo involucrado.
