El Ministerio Público (MP) citó a Cossette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, consejeros del Consejo Nacional Electoral, para que rindan su declaración testifical en el marco de una investigación en su contra por los delitos de traición a la patria prevaricato, abuso de autoridad y violación de deberes.
“Muy respetuosamente me dirijo a ustedes deseándoles éxitos en el desempeño de sus funciones, en relación al artículo 227 numeral 6, del Código Procesal Penal, por medio de la presente se solicita nos indiquen fecha, hora y lugar para rendir declaración en su condición de testigos”, señala el documento del Ministerio Público.
El MP subrayó en el documento que dicha fecha "sea lo más pronto posible", ya que dicha investigación que se realiza es en torno a ala denuncia por los delitos de “traición a la patria, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Constitución, la seguridad del Estado y su integridad territorial y la administración pública”.
Atic inició investigaciones
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) llegó la mañana de este miércoles a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) para dar inicio a las investigaciones ordenadas por el Ministerio Público (MP).
La acción se ejecuta tras una instrucción directa del fiscal general de la República, Johel Zelaya, quien aseguró que el Ministerio Público actuará para garantizar la transparencia del proceso rumbo a las próximas elecciones generales del 30 de noviembre.
López denuncia una "conspiración"
Cossette López, denunció en la mañana una "conspiración" para "debilitar y desmantelar" al organismo electoral, minutos después de que el fiscal general del país, Johel Zelaya, anunciara la intervención inmediata de esta institución.
"Denuncio públicamente la conspiración y el accionar sistemático para debilitar y desmantelar al Consejo Nacional Electoral", expresó López en un mensaje en sus redes sociales.
Según la consejera, a las 11:30 horas locales (17:30 GMT) se había convocado una sesión de trabajo con el objetivo de retomar "temas urgentes" del proceso electoral. No obstante, poco después denunció que, una vez más, “fuerzas externas al CNE intentan obstaculizar el desarrollo normal de las sesiones”.
"Si no es un pretexto, es otro. Y si de verdad existe voluntad de investigar conspiraciones, injerencias o actos de intimidación, deberán comenzar por incluir en el expediente sus propias declaraciones, presiones y maniobras", reclamó López, representante ante el CNE por el opositor Partido Nacional.
López advirtió, además, que las principales amenazas al proceso electoral “lamentablemente provienen de sectores instalados dentro de la propia institucionalidad del Estado”.
La denuncia de la consejera presidenta del CNE se produjo poco después de que el fiscal general, Johel Zelaya, ordenara a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) allanar las oficinas del CNE como parte de una investigación por presunta conspiración contra las elecciones generales previstas para el próximo 30 de noviembre.
“Déjenme decirles que hay un CNE que no está respondiendo a los intereses del país, sino a intereses de grupos. Hay una conspiración contra las elecciones generales que no vamos a permitir”, afirmó Zelaya en una comparecencia de prensa.
En ese contexto, el fiscal instruyó a los agentes de la ATIC a ingresar inmediatamente a las instalaciones del CNE para recolectar toda la documentación relacionada con “las denuncias de conspiración, extorsión y otras acusaciones” surgidas entre los tres consejeros del ente electoral.
Además de López, el CNE lo integran Ana Paola Hall, del opositor Partido Liberal, y Marlon Ochoa, del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor de la presidenta del país, Xiomara Castro.
El fiscal anunció que los tres consejeros del CNE serán formalmente citados en el marco de las investigaciones y deberán responder sin demora.
Consultada por la prensa, tras el anuncio de la intervención, López aseguró que la medida “no es una sorpresa” y afirmó que "cuando las instituciones constitucionales y los funcionarios que están ejerciendo están bajo amenaza permanente y bajo amedrentamiento, definitivamente algo no está funcionando bien".
López también denunció que se está "amedrentando y sometiendo a todo el sistema para que funcione a conveniencia de sus propósitos, que hasta el momento no resulta claro, pero que definitivamente pasan por senderos al margen de la legalidad, del respeto a los derechos humanos, del respeto a la democracia, a los principios constitucionales que fundaron esta república”.
