Este jueves 21 de agosto se cumplieron dos meses desde que se reveló el polémico desvío de fondos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y el caso sigue sin avances.
El 21 de junio recién pasado, en un video difundido en las redes sociales y los medios de comunicación a nivel nacional, se evidenció como funcionarios del gobierno central y diputados se repartieron millones de lempiras con el argumento de que ese dinero era para entregar ayudas sociales.
En declaraciones vertidas por el fiscal general, Johel Zelaya, el 8 de julio del presente año, aseguró: “Nosotros estamos investigando el tema de Sedesol. Desde el día que salió el video, desde ese momento ordené que se subiera una denuncia de oficio”.
Tal aseveración del titular del Ministerio Público (MP) hicieron creer a la ciudadanía, que en efecto, la investigación traería implícita la celeridad digna de un caso de la magnitud que se expuso en su momento, por la cantidad de dinero que salió de las arcas del Estado, sin tener un destino y uso claro.
El caso involucra a la diputada de Libre, Isis Cuéllar, y a José Carlos Cardona Erazo, exsecretario de Sedesol.
Para Javier Sandoval, abogado versado en Derecho Constitucional, lo tardío de las investigaciones se debe a que los involucrados “son personas que están vinculadas al actual gobierno y tenemos un Ministerio Público que es un apéndice del Poder Ejecutivo”.
Parsimonia del ente acusador del Estado
Similar parecer tiene el abogado y experto en Derecho Penal, Leonel Núñez, quien consideró que “es extraño que hasta el momento no se haya citado a nadie para que vaya a declarar sobre los hechos; eso sí es preocupante. ¿Qué es lo que esperamos como sociedad? Que en estos próximos días, antes de cumplir tres meses de ocurrido los hechos, estén por lo menos siendo citadas las personas a declarar”.
Y para la exfiscal del MP, Nilia Ramos, la parsimonia del ente acusador del Estado, en investigar este caso de mala utilización de fondos públicos, radica en la instrumentalización de la que ha sido objeto el MP.
Para Javier Sandoval, abogado versado en derecho constitucional, lo tardío de las investigaciones se debe a que los involucrados "son personas que están vinculadas al actual gobierno y tenemos un Ministerio Público que es un apéndice del Poder Ejecutivo".
Agregó: "Por los que podemos apreciar y sin necesidad de irnos a un análisis profundo, es que simplemente se va a demorar y se va a entorpecer cualquier tipo de investigación a propósito, porque lo que se busca no es investigar y sancionar, sino, más bien, protegerlos".
Para Karla Romero, exjueza de los Tribunales de Sentencia de Tegucigalpa,"no se le da celeridad porque en realidad no se han movilizado para conseguir la prueba que pueda establecer e indicar la participación en un acto ilícito, aunque ha sido de conocimiento público".
Se trató de conocer detalles de avances en las investigaciones, sin embargo, Yuri Mora, vocero del Ministerio Público, no respondió las llamadas
