17/04/2024
01:05 AM

Ministerio Público pide agregar asociación ilícita a cinco acusados

  • 26 julio 2018 /

La audiencia que se suspendió en la madrugada se reanudará hoy a las 11:00 am.

    Tegucigalpa, Honduras.

    El Ministerio Público solicitó ayer en audiencia inicial agregar el delito de asociación ilícita a cinco acusados por el caso “La Caja de Pandora”, entre ellos el exministro de Agricultura y Ganadería, Jacobo Regalado.

    La petición se formuló a la jueza Lidia Álvarez durante la formalización de la acusación y presentación de pruebas en esta audiencia contra 27 procesados presentes.

    La audiencia continuará este día y podría prolongarse tres días más.

    Jacobo Regalado fue acusado inicialmente de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y lavado de dinero, pero ayer se pidió que se le agregara el delito de asociación ilícita.

    La misma solicitud se hizo para la exgerente de la SAG Norma Kaffy, quien fue acusada por violación de los deberes de los funcionarios y fraude y Laura Arita, quien responde por falsificación ideológica.

    A diferencia de los políticos de renombre implicados en “La Caja de Pandora”, al resto de implicados les tocó ir a los tribunales en los buses penitenciarios y esposados. Ellos sí fueron expuestos a los medios.
    Transcendió que los otros dos para quienes se pidió que se les sumara la asociación ilícita son Fernando José Suárez, presidente de las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista y Jaime Antonio Suárez, representante legal de estas entidades que fueron las que recibieron los fondos de la SAG.

    Fernando José Suárez está acusado de fraude, malversación de caudales públicos, uso de documentos públicos falsos, prevaricato y lavado de activos , mientras que a Jaime Antonio Suárez se le imputaron fraude, uso de documentos públicos falsos, malversación de caudales públicos y lavado de activos. El Código Penal tipifica como asociación ilícita cuando dos o más personas se asocien o actúen concertadamente con el propósito de poner en peligro o lesionar cualquier bien jurídicamente protegido en la Constitución de la República y el C ódigo Penal.

    La asociación ilícita se castiga con una pena de 20 a 30 años de cárcel.



    El caso

    La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), del Ministerio Público, presentó el requerimiento fiscal contra 38 personas que tuvieron diferentes actuaciones en el latrocinio.

    La SAG transfirió, entre 2011 y 2013, a las fundaciones Todos Somos Hondura y Di Battista L282 millones en cumplimiento a convenios que firmó con esas organizaciones con el fin de que los invirtiera en capacitación a varios grupos de agricultores. No obstante, los recursos no se utilizaron para los objetivos de los convenios, sino que se dirigieron para financiamiento de campañas políticas, compras de bienes, pagos de tarjetas de crédito, entre otros.

    Por ejemplo, las fundaciones le pagaron al Partido Liberal L 99 millones para que cancelara una deuda con un banco, mientras que financió la tarjeta de descuento La Cachureca que fue usada en la campaña del Partido Nacional con miras a las elecciones de 2013.

    La audiencia inicial comenzó a las 8:30 am y durante las primeras horas llegaron familiares y amigos de algunos imputados, incluyendo a simpatizantes del diputado liberal, Elvin Santos, quien está acusado de lavado de dinero.

    De igual manera, se hicieron presentes empleados del Instituto Nacional Agrario (INA), quienes se solidarizaron con el ministro de la entidad, Ramón Lara, procesado por lavado de activos.



    Reacciona defensa

    El abogado Juan Carlos Sánchez, apoderado legal del diputado Rodolfo Irías Navas, quien enfrenta cargos por lavado de dinero, criticó que la Ufecic pidiera la ampliación de delitos en esta audiencia cuando pudo incluirlos en el requerimiento.

    “Esto es muestra de la improvisación y de que la Ufecic no fue la que investigó el caso, sino otra fiscalía del Ministerio Público”, señaló.

    El alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina, procesado por blanqueo de capitales, no se presentó a la audiencia porque pidió no asistir, pues se encuentra en el Tercer Batallón de Infantería en Naco, Cortés. Fue representado por su abogado, Marlon Duarte.

    Por su lado, el difunto exministro de Finanzas, William Chong Wong, estuvo representado por la abogada Doris Imelda Madrid, en vista de que sus herederos pidieron que el caso no sea cerrado por motivo de su muerte para demostrar que no es culpable del delito de violación de los deberes de los funcionarios por el que fue acusado.

    En la audiencia inicial la jueza resuelve si les dicta auto de formal procesamiento o sobreseimiento parcial o definitivo.

    Anoche, cuando ya se cumplían más de 13 horas de audiencia (a las 10:45 pm) se dio una hora de receso para que los abogados y el personal del juzgado tomara un descanso.

    La audiencia fue suspendida luego de la larga jornada. Este día se reanudará a las 8:00 am.