La Secretaría de Salud emitió recientemente una disposición que prohíbe al personal del Hospital Escuela divulgar información o realizar publicaciones sobre el centro asistencial sin autorización previa de las autoridades. Ante esta medida, el gremio médico del hospital expresó su rotundo rechazo.
Darío Zúñiga, presidente de las plataformas gremiales hospitalarias del sector público, calificó la medida como una “coacción y atentado contra la libertad de expresión”, especialmente hacia los profesionales que denuncian las graves carencias en el sistema sanitario nacional.
“Nos preocupa que se quiera esconder lo que sucede dentro del sistema de salud. La pregunta es: ¿qué esconden la Secretaría de Salud, el Seguro Social o el Hospital Escuela?”, cuestionó Zúñiga.
El galeno denunció que la circular oficial busca silenciar las denuncias sobre la falta de insumos, equipos y personal, una situación que afecta directamente la atención a los pacientes más vulnerables, en especial a los niños y recién nacidos.
“Nosotros no tenemos temor. Solo lamentamos que las autoridades tengan miedo de que el país sepa la verdad. Faltan niveles adecuados de atención”, expresó el dirigente médico.
Zúñiga advirtió que la medida viola el derecho de los trabajadores de exponer deficiencias en su entorno laboral y de exigir condiciones dignas para ejercer su labor.
El gremio anunció que busca asesoría legal para responder ante posibles represalias y no descartó acciones judiciales contra la disposición, a la que comparó con medidas restrictivas observadas en “regímenes autoritarios como los de Nicaragua o Venezuela”.
“Este tipo de represalias se asemejan a las de gobiernos que reprimen la voz de sus ciudadanos. No tenemos miedo y estamos dispuestos a defendernos”, puntualizó Zúñiga.
Una “bola de nieve de opacidad”
El abogado Saúl Bueso, representante del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), también se pronunció sobre la circular, a la que calificó como una clara violación a los derechos constitucionales de libertad de expresión e información.
“Vulnera el derecho a estar informado y el acceso a la información pública que tienen los ciudadanos. Además, impide conocer cómo se administran los recursos del Estado”, explicó Bueso.
El abogado advirtió que medidas similares ya se han implementado en otros hospitales del país, como en Choluteca y San Pedro Sula, lo que podría generar una “bola de nieve de opacidad” en la administración pública.
“Cuando no hay información, la gente no sabe cómo actuar. Limitar el derecho a informar también violenta el derecho ciudadano a conocer la situación real de los hospitales”, alertó.
Zúñiga reiteró que los médicos seguirán defendiendo el derecho de los pacientes a recibir atención digna y transparente, y aseguró que no cederán ante amenazas ni sanciones por denunciar las deficiencias del sistema de salud pública.
La circular que prohíbe al personal médico divulgar información sobre deficiencias en el sistema de salud plantea serias implicaciones legales, al vulnerar derechos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales.
Según el Artículo 72 de la Constitución de Honduras, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, incluyendo la difusión de información sobre asuntos de interés público.
Además, el Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Decreto No. 170-2006) garantiza que los ciudadanos puedan acceder a información veraz sobre la gestión de los recursos públicos.
La limitación impuesta por la circular también contraviene tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 19) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 13), que protegen la libertad de expresión y el derecho a buscar, recibir y difundir información.
Por lo tanto, las restricciones señaladas podrían ser interpretadas como una violación de derechos fundamentales del personal médico y de la ciudadanía.
