Alrededor de 550 docentes de los diferentes niveles educativos del país denunciaron, entre 2016 y 2025, estar en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado.
Así lo reveló el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que instó a las autoridades de Honduras a “poner en práctica protocolos para salvaguardar la vida e integridad de los docentes en el país”.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, detalló que entre 2016 y 2024 la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno registró 9,401 quejas de personas afectadas por desplazamiento forzado, de las cuales 494 corresponden a docentes.
Asimismo, indicó que solo en 2025 el Conadeh atendió cerca de 60 casos de docentes en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado.
Esto implica que cinco de cada 100 personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento forzado eran docentes de distintos niveles educativos. De acuerdo con el género de quienes presentaron quejas ante el Conadeh, el 68% corresponde a mujeres y el 32% a hombres.
Reyes explicó que muchas amenazas están relacionadas con el liderazgo que los docentes ejercen en zonas de riesgo donde laboran. “El desplazamiento forzado de docentes muchas veces se relaciona con su rol como actores de protección en los centros educativos y en las comunidades o zonas afectadas por la violencia”, señaló.
Según las quejas atendidas por el Conadeh, el 71% de los docentes reportó amenazas. Otros casos incluyen tentativas de homicidio, violencia de género, asesinato de familiares y extorsión, lo que los coloca en una situación de alta vulnerabilidad y los convierte en uno de los sectores más afectados por la violencia.
Reyes declaró que “el gremio de los maestros se ubica en el tercer lugar entre las ocupaciones con más riesgo, únicamente superado por el de las amas de casa y los comerciantes”.
Los agresores
El desplazamiento forzado por violencia se registra en los 18 departamentos del país; sin embargo, el 75% de los casos se concentra en cinco: Francisco Morazán (29%), Cortés (17%), El Paraíso (17%), Olancho (7%) y Choluteca (5%).
En estos departamentos, advirtió, las autoridades deben centrar su atención, ya que no solo se reportan amenazas, tentativas de homicidio y extorsión, sino también asesinatos de docentes.
Según el relato de los afectados, entre los agresores figuran personas desconocidas en el 41% de los casos, así como miembros de estructuras criminales e incluso integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado.
Como parte de las acciones del Conadeh, Reyes explicó que, a solicitud de los docentes, se gestionan medidas de protección ante las autoridades competentes. También se realizan gestiones ante direcciones departamentales y la Secretaría de Educación para facilitar traslados.
“Cuando un docente está en riesgo debido a amenazas, extorsión u otros hechos que pongan en peligro su vida e integridad, lo urgente es retirarlo de la zona de riesgo”, indicó.
Reyes subrayó la importancia de que la Secretaría de Educación implemente protocolos específicos para atender a docentes víctimas de desplazamiento forzado, cuya vida e integridad se ven amenazadas por la violencia.
Desde 2013, Honduras reconoce el desplazamiento forzado interno como consecuencia de la violencia y la criminalidad organizada, que han generado control ilícito de territorios e inseguridad en la población.
Con el objetivo de prevenir el desplazamiento y proteger los derechos humanos de las personas afectadas, el Conadeh puso en funcionamiento en 2016 la UDFI, con el apoyo técnico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en regiones del país con mayor incidencia de este fenómeno.
