El 20 de junio de 2024 cambió la vida de la familia de Richard David Ávila Nieto, el estudiante Instituto Jesús Milla Selva de la capital hondureña, asesinado de un disparo en la cabeza.
Su madre, abuela, y demás familiares no solo perdieron a su ser querido, sino que después del crimen, aun sin resolver, tuvieron que abandonar su vivienda en la colonia Villa Nueva, Distrito Central, convirtiéndose en desplazados por la violencia.
La violencia, la extorsión y el crimen organizado continúan obligando a miles de familias hondureñas a abandonar sus hogares, lo que ha provocado un aumento en el número de personas desplazadas forzosamente en los últimos años, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Alejandra Sánchez, coordinadora de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Conadeh, señaló que en los últimos años ha aumentado el número de personas desplazadas de sus hogares debido a la violencia. En 2023, el organismo defensor de derechos humanos recibió 1,751 denuncias y quejas relacionadas con este delito.
Las cifras de este año no se han dado a conocer por el Conadeh; sin embargo, las autoridades advierten que podrían ser mayor a los años anteriores.
Entre 2016 y 2023, el Conadeh atendió al menos 8,249 casos de desplazamiento por violencia, afectando a más de 15,000 personas. Las quejas anuales variaron, con un aumento significativo en 2019 (1,314 casos) y una disminución durante la pandemia en 2020 (544 casos).
Sin embargo, las cifras volvieron a subir, alcanzando 1,751 casos en 2023, y podrían seguir aumentando en 2024 debido a la persistente violencia en el país.
Los datos muestran que entre el 2022 y el 2023 los casos de desplazamiento forzado incrementaron 20%.
Sin embargo, la cifra podría ser mucho mayor, pues los datos del Conadeh solo reflejan el número de personas que denuncian cuando son víctimas de este flagelo, pero hay una gran mayoría que por temor a represalias abandonan sus viviendas sin interponer la denuncia.
Hace dos años, al menos 20 familias de la colonia Villa Nueva, al oriente de la capital, tuvieron que dejar sus hogares y la vida que construyeron con esfuerzo.
Las familias que por más de dos décadas habitaron en el sector dos de dicha colonia tuvieron que huir, debido a que integrantes de la Pandilla 18 los amenazaron y dieron un ultimátum para que desalojaran sus viviendas.
Con lágrimas y voz entrecortada, las mujeres que cargaban sus pertenencias por unas empinadas gradas dijeron que les habían “ordenado” que abandonaran las casas, porque de lo contrario corrían el riesgo de perder la vida.
Los casos de desplazamiento forzado se registran en ciudades donde se concentran los mayores índices de violencia: el Distrito Central, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba, de acuerdo a los datos del Conadeh.
Las principales causas del desplazamiento forzado de familias incluyen amenazas (56.6%), extorsión (14.2%), asesinatos (10.5%), intentos de homicidio (6.1%) y reclutamiento forzado de niños y adolescentes (3.2%).
Otras causas son el despojo de propiedades, violencia sexual, violencia intrafamiliar y secuestro. Los grupos más vulnerables son mujeres, niños, pueblos originarios, operadores de justicia, docentes y estudiantes.
Falta de justicia
Un reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Instituto de La Haya para la Innovación del Derecho señala que la falta de justicia es un factor clave que impulsa el desplazamiento forzado en Honduras.
El informe, titulado “Necesidades y Satisfacción con la Justicia en Honduras 2024”, es el primer estudio de este tipo en América Latina y destaca la relación cíclica entre el desplazamiento y la justicia, donde el desplazamiento a menudo se ve como la única salida frente a la violencia y las violaciones de los derechos humanos.
Los investigadores entrevistaron a 2,010 hondureños, de los cuales el 8% (157) fueron identificados como desplazados. El estudio destaca que “las personas no encuentran una protección adecuada ni en las fuerzas de orden público ni en los actores de justicia formales o informales. Ante esta situación, la única solución viable es huir de la comunidad y esperar que la violencia no los siga”.
“La situación pone de manifiesto la existencia de una importante brecha de justicia en Honduras, tanto para las personas desplazadas internamente como para la población en general”, revela el informe.
Para Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, si bien existe una ley para personas que son víctimas del desplazamiento forzado interno, se debe trabajar para su implementación y para que las diferentes instituciones del Estado den respuesta en temas de protección y asistencia a víctimas de desplazamiento, así como en la prevención de desplazamiento forzado.
Agregó que se debe fortalecer también la investigación y la protección de las víctimas.
“El desplazamiento forzado es un delito y hay una obligación del Estado de investigar, pero aquí también tenemos otro vacío y es el tema que la gente no quiere presentar una denuncia porque tiene temor de que al presentar una denuncia esa información la pueda recibir su agresor”, dijo.
La ley que fue aprobada en 2022 aún no cuenta con un reglamento para su aplicación; no obstante, las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos indicaron que el reglamento ya fue elaborado y se espera que se apruebe en los próximos días.
La normativa contempla un presupuesto de 150 millones de lempiras para atender los casos de desplazamiento forzado.
