El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de 53 años, será presentado este viernes 22 de abril en su comparecencia inicial ante el juez magistrado Stewart D. Aaron en la corte federal de Nueva York, después de ser extraditado desde su país.
Un tribunal federal reveló hoy los cargos de tráfico de drogas y armas en una acusación contra Juan Orlando Hernández.
Estados Unidos lo acusó este jueves de operar su país como un “narco-Estado” y de usar sobornos que recibió de narcotraficantes como Joaquín “el Chapo” Guzmán para cometer fraude electoral en las dos elecciones a las que concurrió.
Unas horas después de que Hernández despegara rumbo a Nueva York para ser juzgado allí, el Departamento de Justicia estadounidense publicó la acusación completa contra el exmandatario, del que dice que formó parte de una conspiración para transportar más de 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
“Hernández abusó de su posición como presidente de Honduras entre 2014 y 2022 para operar el país como un narco-Estado”, dijo el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, en una rueda de prensa en Washington.
El exmandatario hondureño está acusado de tres cargos:
(1) conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una sentencia máxima de cadena perpetua;
(2) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una sentencia máxima de cadena perpetua; y
(3) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua.
El fiscal Damian Williams del mismo tribunal dijo que Hernández es sospechoso de aliarse “con algunos de los más prolíficos narcotraficantes para levantar un imperio corrupto y brutal”, y de “usar sus vastos poderes para proteger y asistir a los líderes de carteles del narco alertándolos de posibles prohibiciones, así como bendiciendo la violencia fuertemente armada para apoyar ese tráfico de droga”.
Será el juez el que decida los cargos que se le aplican, pero la Fiscalía va a pedir que sean estos tres: conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos, usar y transportar ametralladoras y explosivos para el traslado de la droga y conspirar para el delito anterior; solo estos dos últimos delitos llevan acarreada la prisión a perpetuidad.
En el comunicado aparece también la Agencia Antidroga de EE.UU. (DEA, en inglés), cuya administradora, Anne Milgram, destacó que “la extradición de hoy deja claro que la DEA no va a parar ante nada en su persecución de los actores políticos más poderosos que se implican en narcotráfico, violencia y corrupción”.
Desde el derrocamiento y traslado del presidente panameño de facto Manuel Antonio Noriega hasta Estados Unidos -donde fue juzgado y condenado a 40 años-, esta será la segunda vez que un jefe de Estado latinoamericano se presenta ante la Justicia estadounidense. EFE
